Número-720

• El nuevo gobierno instaurará un nuevo esquema de cobro de impuestos basado en tener la confianza al ciudadano, en lugar de tratarlo como a un delincuente.

El senador Ricardo Monreal presentó una iniciativa que instaurará un nuevo esquema de cobro de impuestos basado en el principio de buena fe y que contempla la expedición de la Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana.

El legislador explicó que el objetivo de la nueva legislación es reconstruir la confianza de la ciudadanía en las instituciones de la Administración Pública y al mismo tiempo brindarles facilidades administrativas para que puedan ejercer de mejor manera sus actividades económicas y con menos trámites ante las autoridades.

La iniciativa, dijo, contempla 17 artículos y 16 transitorios y es innovadora porque se le da la confianza a los ciudadanos en trámites de fiscalización a los que el Estado habrá de renunciar porque con la nueva Ley se suspende la vigilancia, inspección o fiscalización a establecimientos mercantiles, comerciales y de servicio que realizan actualmente los inspectores, supervisores o auditores de la administración pública federal o de organismos autónomos.

Monreal Ávila aseguró que el presente proyecto de Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana, busca, además de fomentar la cultura de la legalidad como eje rector del desarrollo económico, generar un entorno de confianza basado en el cumplimiento voluntario de obligaciones regulatorias y fiscales: parte del principio de generar confianza del ciudadano en el gobierno y viceversa, con el objetivo de reducir la corrupción, resaltó.

Explicó que la ley propone la creación de un órgano que aprobará las acciones y programas sectoriales, de acuerdo con el ámbito de competencia de cada secretaría, para la implementación de beneficios y facilidades administrativas. Dicho organismo deberá presentar anualmente un informe de avances de estas acciones.

Para poder acceder a este tipo de beneficios, la ciudadana o el ciudadano únicamente deberán inscribirse voluntariamente al Padrón Único de Fomento a la Confianza. Su registro –que no tendrá costo alguno– será considerado como un acto de buena fe por el cual dará entender al Estado que ha cumplido con todas sus obligaciones fiscales y regulatorias. A cambio, podrá recibir los beneficios y facilidades que establezcan los programas sectoriales de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, señaló.

Los dueños de estos establecimientos sólo tendrán la obligación de  inscribirse en un padrón para manifestar bajo protesta de decir verdad que se comprometen a cumplir las leyes a que están obligados para funcionar como establecimiento o empresa comercial sin ser molestados o amonestados  como se ha hecho hasta ahora, mencionó.

El coordinador de Morena detalló que el momento en que el ciudadano o ciudadana se inscribe voluntariamente en el Padrón, se presume de buena fe que está al corriente y que opera en el marco de la ley, lo cual reducirá las inspecciones, algunas veces excesivas o innecesarias, que pudieran continuar fomentando la cultura de la corrupción ya que, en ocasiones, por falta de una administración más efectiva, se generan incentivos de ambas partes para incurrir en actos de corrupción, en aras de agilizar trámites y procesos.

Monreal Ávila sostuvo que la aplicación de esta ley estará a cargo de la Secretaría de Economía, que presidirá el órgano, el cual, a su vez, deberá decidir los beneficios y facilidades administrativas a los cuales podrán tener acceso quienes se inscriban en el Padrón.

El legislador reconoció que en el país uno de los problemas más graves es la corrupción, que tiene un costo muy grande para la sociedad y la economía, por lo que uno de los ejes rectores de la nueva administración es eliminar este problema.

El Foro Económico Mundial lo estima en un 2.0 % del PIB; el Banco de México, el Banco Mundial y Forbes, en un 9.0 % y el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), en un 10 %, indicó.

Abundó que el Reporte de Competitividad del Foro Económico Mundial señala a la corrupción como el principal inhibidor de la inversión en México. Este reporte ubica a nuestro país en el lugar 127 de 137 países, en cuanto al desvío de fondos públicos; en pagos irregulares, ocupa el lugar 105; en confianza del público hacia sus políticos, el 127 y el 129, respecto al favoritismo en la toma de decisiones de los funcionarios públicos.

Cabe destacar que a esta propuesta se sumaron los senadores Olga Sánchez, Malú Micher, el GPPT y de GPMORENA y se envió a las Comisiones de Economía y Estudios Legislativos Segunda.

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