Número-674

• Señaló que la Reforma Penal de 2008 no contempló frenos garantistas serios.     

La Reforma Penal del 2008 llevó al país a una guerra sin cuartel, y perdida en contra del crimen organizado, particularmente el narcotráfico, señaló el senador Martí Batres, presidente de la Mesa Directiva del Senado.

Durante la presentación del libro “El derecho penal del enemigo en un Estado constitucional” de Leandro Eduardo Astrain Bañuelos, refirió que a partir de la modificación constitucional se militarizó el país, “se criminalizó a los más débiles” y no se resolvió el problema de la violencia generalizada.

Dijo que la finalidad de aquella reforma era mejorar los procesos penales, al fortalecerse el Sistema Acusatorio, pero se le dio el mismo poder a las policías y fuerzas armadas, sin frenos garantistas serios.

Explicó que ante la incertidumbre por los problemas causados por la reforma, “los más férreos defensores de nuestra muy liberal Constitución, optan por el camino más sencillo de aumentar penas”.

Abundó en que se debe profundizar en atender las causas pendientes de otro tipo de justicia, no la penal, “sino una más profunda: la justicia social. Sólo la ley nos salva, pero una ley garantista, respetuosa de los derechos humanos y sin excepciones”.

El senador Miguel Ángel Mancera, coordinador del Grupo Parlamentario del PRD, dijo que el derecho penal del enemigo está presente en el país, en la Constitución. “Cada vez que lean un artículo que diga: con excepción de la delincuencia organizada, es derecho penal del enemigo”.

Eduardo Astrain, el autor del libro, señaló que el derecho penal en México se está construyendo en dos discursos diametralmente opuestos: el derecho penal del enemigo y el garantismo.

“Lamentablemente en lugar de constitucionalizar al derecho penal, estamos criminalizando a la Constitución, a grado tal que hay un definición, en la Constitución, de los que es delincuencia organizada”, apuntó.   

En el libro, dijo, identifica políticas públicas que no resuelven el problema de la criminalidad, como el aumento indiscriminado de la pena privativa de libertad, el incremento en el catálogo de los tipos penales en los códigos penales (expansión del derecho penal) y la construcción de un régimen penal de excepción.

A la presentación asistieron coordinadores de Grupos Parlamentarios: Sasil de León (Encuentro Social) y Dante Delgado (Movimiento Ciudadano); y los senadores Verónica Camino (PVEM), Guadalupe Vázquez (Morena) y Erandi Bermúdez (PAN).

También José Alfredo Muñoz, secretario general de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Aguascalientes; Alejandra Santiago, fiscal de extinción de dominio de Sonora; y el general José Francisco Gallardo.

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