Número-515

• Se debe depurar a las instituciones de las personas que afectan el ejercicio de la función administrativas.

 

El senador Juan Antonio Martín del Campo presentó una iniciativa, cuyo objetivo es aplicar la figura de “muerte civil” a servidores públicos y particulares que participen o se encuentren vinculados en actos de corrupción.

 

Desde la tribuna, precisó que con esta medida los funcionarios que cometan faltas administrativas graves o delitos en materia de corrupción, no volverán a ocupar “ni un solo puesto público en toda su vida”.

 

En tanto, indicó, para aquellos empresarios que se vean involucrados en ese tipo de prácticas, no podrán participar en definitiva en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas.

 

Comentó que para lograr lo anterior su propuesta contempla la sanción de inhabilitación definitiva y elimina la de “inhabilitación temporal” que se establece actualmente en la Ley.

 

Refirió que la corrupción podría costar el 5 por ciento del Producto Interno Bruto. Recordó el caso “del hermano de un expresidente” que amasó una fortuna de 120 millones de dólares, resultado de actos de corrupción.

 

Dicha cantidad, agregó, podría costear los servicios de salud de más 594 mil mexicanos durante un año. Es verdad que la corrupción es un mal que afecta a todos los sectores del gobierno; sin embargo, las instituciones no son corruptas, sino los servidores públicos que las manejan.

 

La iniciativa que modifica la Ley General de Responsabilidades Administrativas y el Código Penal Federal, se turnó a las comisiones de Anticorrupción, Trasparencia y Participación Ciudadana, y de Estudios Legislativos Primera.