Número-336

• El objetivo distribuir la riqueza de la industria a las regiones; lograr el respeto a los derechos laborales y protección del medio ambiente

El Senado impulsará la reforma del artículo 27 de la Constitución y la Ley Minera, a fin de expandir la riqueza que genera, en especial a las zonas más pobres, con el objetivo de garantizar los derechos de los trabajadores y la protección del medio ambiente, afirmaron los integrantes de la Comisión de Minería y Desarrollo Regional, que preside la senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de La Torre.

El artículo 27 establece que la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada.

Durante la instalación de la Comisión, la senadora Bañuelos de La Torre precisó que se trabajará para conjugar los intereses de los trabajadores, empresarios y representantes sociales, a fin de lograr el equilibrio social y medioambiental, basado en un diálogo donde todos ganen.

La legisladora por el PT señaló que en 2017 la industria generó recursos por 12 mil 398 millones de dólares, equivalentes a 700 millones de pesos diarios, pronunciándose porque esta riqueza no quede excluida de las grandes transformaciones y esta bonanza se refleje en mejoras de los trabajadores.

El senador Napoleón Gómez Urrutia se pronunció por cambiar la relación obrero patronal, en pro de los derechos de los mineros que desarrollan su labor en condiciones de alto riesgo, sin que ello se refleje en una mejor calidad de vida de sus familias.

Uno de los mayores retos que enfrentará la Comisión, subrayó el legislador de Morena, es promover una revisión profunda de las concesiones de las tierras a empresas nacionales e internacionales, por 50 y hasta 100 años, lo cual ha provocado el acaparamiento de las tierras, sin que representen un beneficio al país, pues incluso no se ocupan en la minería, sino se destinan a actividades especulativas, como desarrollos inmobiliarios.

El legislador morenista Santana Armando Guadiana Tijerina consideró que se ha empeñado el futuro de México a través de las concesiones a grandes empresas, las cuales además incurren en la evasión del pago del derecho producción minera, a través de huecos fiscales.

Las senadoras Morena Lilly Téllez y Angélica García Arrieta, de Morena, destacaron la urgencia de lograr que la legislación obligue a las empresas a resarcir los daños al medio ambiente, así como a establecer la tecnología suficiente para evitar la contaminación de ríos y tierras.

Delfina Gómez Álvarez, de Morena y Elvia Marcela Mora Arellano, del PES, coincidieron en señalar que el aspecto central es atender las condiciones de trabajo de los mineros, y urgieron a emprender una estrategia nacional que frene el saqueo de riqueza minera del país.

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