Número-087

• El director David Penchyna, ordenó realizar el pago por indemnización.

La senadora María Soledad Luévano Cantú propuso que el Senado exhorte al Instituto del Fondo de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) a que haga públicos los criterios y fundamentos para determinar la responsabilidad del pago, y la cuantía de éste, por la cancelación de contratos entre esa institución y Telra Realty.

Asimismo, pidió que el Infonavit detalle el impacto que tuvo este pago en los rendimientos otorgados al Saldo de Sub Cuenta de Vivienda de los trabajadores y que el Comité de Auditoria del Infonavit inicie la investigación respecto a la legalidad del pago, los daños y perjuicios ocasionados por la cancelación de dichos contratos.

Desde la tribuna, la legisladora de Morena explicó que el pasado 29 de agosto se publicó, en un medio de comunicación nacional, un artículo que detallaba el pago de 5 mil 88 millones de pesos efectuado por la Institución en favor de esa empresa, derivado de la cancelación del contrato GSA/GC/CT/783/2015 y otros.

Indicó que tales convenios fueron firmados en la gestión del ahora exdirector Alejandro Murat Hinojosa y se encontraban orientados a la ejecución del programa “Movilidad Hipotecaria”, con el cual el Infonavit ofrecería un nuevo esquema de crédito.

No obstante, la gestión del actual director, David Penchyna Grub, mandató el pago por daños y perjuicios, con el propósito de finiquitar la relación contractual entre el Infonavit y la citada empresa.

Señaló que Penchyna Grub informó que la cancelación del contrato fue efectuada “con el objetivo de dar una solución definitiva a la problemática del Programa de Movilidad Hipotecaria en beneficio de los derechohabientes del Infonavit”.

No se detalló el origen del pago de la indemnización; es decir, si se trató de un pago derivado de una cláusula de indemnización por terminación anticipada, o de un proceso de mediación judicial o incluso de un proceso de índole jurisdiccional, así como tampoco se explicó la forma en que tal cantidad fue determinada.

Luévano Cantú consideró que corresponde a la actual dirección del Instituto aclarar cualquier pago efectuado a dicha empresa, puesto que, si bien los contratos se formalizaron en la época del director Murat, no existió erogación alguna por parte de tal administración.

Dijo que la ausencia de información y fundamentación que soporte y valide el pago, manifiesta “una preocupante discrecionalidad en la toma de las decisiones, o al menos, opacidad para dar a conocer al público los elementos que permitieron” realizar dicha transacción.

La senadora advirtió que este asunto toma particular gravedad cuando de acuerdo con las notas de los Estados Financieros consolidados al 31 de diciembre de 2017 y 2016 del Instituto, se observa que la erogación de 5 mil 88 millones de pesos fue a cuenta del saldo de subcuenta de vivienda de 48 millones de derechohabientes.

El punto de acuerdo se envió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

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