Número-040

•  Se reglamentarán los artículos 74 fracción IV, 75, 126, 127 y 134 de la Constitución Política.

La senadora Minerva Hernández Ramos planteó la expedición de una nueva Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para lo cual se modificarán y reglamentarán diversos artículos de la Constitución Política en materia de programación, presupuestación, aprobación, ejercicio, control y evaluación de los ingresos y egresos públicos federales, cuyas disposiciones serán aplicables en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, en lo que no se contrapongan a éste ordenamiento.

A nombre del Grupo Parlamentario del PAN, la legisladora presentó al Pleno una iniciativa con Proyecto de Decreto para expedir un nuevo ordenamiento en la citada materia y reglamentar los artículos 74 fracción IV, 75, 126, 127 y 134 de la Carta Magna y hacerla aplicable en los rubros mencionados.

En el Cuarto Artículo Transitorio, se indica que en tanto no se expida el Reglamento del nuevo ordenamiento, se continuará aplicando el Reglamento que rige al día de hoy, así como las demás disposiciones vigentes en la materia que no se opongan a la presente Ley, y que dicho Reglamento deberá expedirse a más tardar a los 90 días naturales posteriores a la publicación de la presente Ley en el Diario Oficial de la Federación.        

La senadora Hernández Ramos, argumentó que una de las actividades más importantes del Congreso de la Unión es el establecimiento de la política económica como el cimiento para poner en marcha la actividad del Estado Mexicano.

Desde su promulgación el 30 de marzo de 2006, expuso, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (en adelante, LFPRH) ha tenido un papel fundamental en el fortalecimiento del sistema presupuestal del país.

Antes de la expedición del ordenamiento vigente, señaló, no se contaba con reglas claras y ordenadas en la materia, lo que derivó en el veto constitucional para el Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal de 2005, y que a doce años de ese suceso, aún queda pendiente resolver los alcances jurídicos de dicho veto presupuestal por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El ordenamiento que ahora se pretende suprimir, recordó, desde su promulgación a la fecha ha tenido once reformas que se efectuaron durante los periodos de 2006, 2007, 2008, 2012, 2014 y en el 2015. Se trata de un instrumento dinámico que, derivado de entornos económicos internos y externos, está sujeto una actualización constante, acotó.

Entre los objetivos principales de su iniciativa, la senadora Hernández Ramos destacó que  dispone que los sujetos obligados a dar cumplimiento a esta Ley, deberán observar que la administración de los recursos públicos federales se realice con base en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, etcétera, y propone incorporar “el respeto a los derechos humanos” como parte de esos criterios.

También se incorporan en los anexos transversales, dijo, los “Recursos para la Atención del Fenómeno Migratorio”, lo cual no generará impacto presupuestario.

De la misma manera, se establecen nuevos conceptos aplicables en materia presupuestaria que actualmente no se encuentran contemplados en la Ley y que es necesario su establecimiento para una mejor comprensión y transparencia del Presupuesto de Egresos, entre los que se encuentran analítico clave, capítulo, concepto, espacio fiscal, partida, pasivo circulante y principio de anualidad, explicó.

También se propone que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público detalle en los informes trimestrales el ejercicio del gasto de los fideicomisos públicos a formato de datos abiertos para evitar la opacidad, por lo cual, la información deberá contener las fuentes de ingresos, los montos ingresados, el saldo inicial y final del ejercicio, así como las erogaciones adicionales aprobadas, con el fin de generar mayor transparencia en los recursos administrados bajo esta figura jurídica, señaló.

 El Proyecto de Decreto fue turnado para su estudio y dictamen correspondiente a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos.

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