Número-022

• Se modificaría la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

El senador José Clemente Castañeda Hoeflich se pronunció por prohibir los bonos, sobresueldos y pagos extraordinarios a cualquier servidor público, a través de modificaciones a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria,

A nombre del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, el legislador presentó al Pleno una iniciativa de reformas a la fracción I del artículo 33, la fracción II del sexto párrafo del artículo 61, el artículo 62, la fracción II del artículo 63, la fracción V del artículo 65 y que adiciona una fracción XIII del artículo 65 del citado ordenamiento, con el objetivo de establecer medidas de austeridad para los servidores públicos de mandos medios y superiores.

Castañeda Hoeflich argumentó que en México más de 20 millones de personas no cuentan con cobertura y acceso a servicios de salud, de acuerdo al secretario de Salud Federal, José Narro Robles, quien declaro que: “16.9 por ciento de los mexicanos sigue sin cobertura médica”, mientras en países como Japón, Alemania y Suecia destinan más del 9 por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB) al gasto público en salud.

Paradójicamente, dijo, mientras más de 20 millones de mexicanos no cuentan con acceso a servicios de salud, el Gobierno Federal, para beneficio de unos cuantos, duplica la cobertura para los funcionarios públicos federales de mandos medios y superiores, quienes, no obstante estar ya protegidos por el ISSSTE, gozan con cargo al erario público de una doble cobertura, al contar con un seguro adicional de gastos médicos privados.

En las modificaciones que propone, se establece que para las  remuneraciones de los servidores públicos y las erogaciones a cargo de los ejecutores de gasto por concepto de obligaciones de carácter fiscal y de seguridad social, se prohibirán los bonos, sobresueldos y pagos extraordinarios para cualquier servidor público, como tampoco la contratación de seguros de gastos médicos privados ni seguros de vida privados para servidores públicos de mandos medios y superiores, explicó.

Dicho proyecto será de observancia obligatoria para todas las dependencias y entidades, y los ejecutores del gasto sólo podrán realizar las contrataciones de prestación de servicios de asesoría, consultoría, estudios e investigaciones estrictamente necesarias, debiendo estar justificadas y autorizadas por los titulares correspondientes, indicó.

Al mismo tiempo, los ejecutores de gasto deberán racionalizar el gasto de los servicios de telefonía, combustibles, arrendamientos, viáticos, alimentación, mobiliario, remodelación de oficinas, equipo de telecomunicaciones, bienes informáticos y pasajes a lo estrictamente indispensable, debiendo reducir las partidas correspondientes a dichos bienes y servicios hasta en un 50 por ciento con respecto a lo ejercido, señaló.

La iniciativa de Movimiento Ciudadano, fue turnada para dictamen a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos.

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