Número-1157

• Proponen mecanismos de modernización y juicios itinerantes, para otorgar justicia expedita y abatir el rezago de conflictos

 

Mecanismos de modernización para dar certeza de protección de los derechos de ejidatarios y comuneros; promoción de juicios itinerantes y orales para aplicar justicia expedita; y el diagnóstico a fondo y puesta en marcha de plataformas para abatir el rezago en la solución de conflictos, destacaron entre las propuestas de candidatos a magistrados de Tribunales Unitarios Agrarios, al comparecer ante la Comisión de Reforma Agraria.

 

Los senadores Daniel Ávila Ruiz, presidente de la comisión, José Antonio Olvera Acevedo, Anastacia Guadalupe Flores Valdez, y Manuel Cárdenas Fonseca, cuestionaron a los aspirantes sobre sus planes de trabajo para favorecer a los ejidatarios y comuneros en los conflictos de interés que enfrentan, así como de los procedimientos a seguir para dar garantías de transparencia y máxima publicidad en los tribunales agrarios.

 

El candidato Rodrigo Borbón Contreras reconoció la urgencia de impulsar el respeto de los derechos de los campesinos, así como de modernizar los tribunales para abatir el rezago en la resolución de conflictos, pues es fundamental para la estabilidad del país, toda vez que ejidos y comunidades suman más de 92 millones de hectáreas, es decir, más del 50 por ciento del territorio.

 

Fabiola Hernández Ortiz propuso conceder mayor transparencia y justicia expedita, a partir de juicios itinerantes, es decir, que los magistrados emprendan acuerdos con autoridades locales para realizar juicios en las comunidades más lejanas e incomunicadas.

 

Raúl García Moreno Elizondo planteó impulsar procesos de conciliación entre las partes en conflicto, con apego a la legislación de protección a los campesinos e indígenas, a fin de abatir el 51 por ciento de rezago en la solución de conflictos que abarcan 100 millones de hectáreas y afectan a más de cuatro millones de campesinos.

 

Ana Lili Olvera Pérez coincidió en trasladar los juicios a las comunidades y que se realicen de forma oral, como una forma de llevar la justicia a los poblados y lograr la confianza de los ejidatarios y comuneros; esto acompañado del análisis a fondo de la documentación y darle máxima publicidad, en pro de la transparencia.

 

Eduardo Said Castaños Toledo se pronunció por hacer un diagnóstico de la situación administrativa de los tribunales, a partir de lo cual se establezca una plataforma cibernética que permita sistematizar los procedimientos, bajo dos ejes principales, agilizar y transparentar los juicios y dar certidumbre jurídica.

 

Elías Vera Zúñiga refirió por su parte que se deben establecer normas que el personal de los Tribunales Agrarios mantengan la sensibilidad necesaria para atender a la población más desprotegida del país.

 

Juana Rebeca Cortés Muñoz, consideró que la reforma al Artículo 27, implementada en 1992, no fue factor para que se incrementaran los conflictos agrarios, como tampoco lo justifica la deficiencia presupuestal; lo que se requiere es profesionalizar a los tribunales para que entiendan las nuevas dinámicas que se registran, pues los conflictos abarcan la posesión de tierras, de agua, así como empresas ejidales, entre otras.