Número-948
- Presentaron sus propuestas de trabajo para el cargo honorario.
Ante las comisiones unidas de Derechos Humanos, de Justicia y de Gobernación, comparecieron seis aspirantes a ocupar cuatro vacantes existentes en el cargo honorario de integrante del Comité Técnico del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, de acuerdo a la Convocatoria que aprobó el Senado.
La senadora Angélica de la Peña Gómez, titular de la Comisión de Derechos Humanos, explicó que el Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura, previsto en el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes, es un órgano de coordinación y vigilancia que tiene por objeto la supervisión permanente y sistemática de los lugares de privación de libertad en todo el territorio nacional.
El candidato Sergio Rivera Cruz, maestro en criminología, puntualizó que una de las características más importantes de los integrantes del Comité, es tener sensibilidad en el tema de la tortura y estar preparado profesionalmente. Agregó que en la prevención de la tortura se debe incluir la revisión de los procedimientos médicos y científicos para que se incluya de manera adecuada el consentimiento informado.
En su oportunidad, la senadora Verónica Martínez Espinoza, del PRI, cuestionó si se debe integrar un comité interdisciplinario o si sólo se debe integrar por médicos, psiquiatras y forenses; su compañera de bancada Lucero Saldaña Pérez, preguntó cómo distinguir la tortura de tratos crueles y degradantes.
El presidente de la Comisión de Justicia, Héctor Flores Ávalos pidió al candidato resaltar los méritos profesionales para realizar una designación a su favor.
En su respuesta Rivera Cruz señaló que el Comité debe integrarse por abogado experto en la prevención, investigación y sanción de la tortura, un médico, una trabajadora social y un psiquiatra. Respecto a la diferencia entre tortura y tratos crueles dijo que se debe individualizar cada caso ya que es difícil hacer una separación precisa de lo que corresponde a uno y a otro.
El maestro en Derecho, Jesús Eduardo Martín Jáuregui dijo que a pesar de la nueva legislación, en México, la tortura sigue siendo generalizada. Precisó que se debe reforzar la capacitación, la profesionalización y trabajar en medidas estructurales a partir de un diagnóstico del núcleo duro; así como unificar criterios de clasificación de los organismos defensores de derechos humanos, pues se sigue disfrazando a la tortura.
En las preguntas de senadores, Enrique Burgos García, del PRI, pidió al candidato priorizar las tareas más efectivas en el ámbito de la prevención de la tortura; su compañera Lucero Saldaña refirió que diversas organizaciones expresaron inquietudes sobre su desempeño cuando fue titular de la Comisión de Derechos Humanos, en Aguascalientes.
Del PRD, el senador Luis Sánchez Jiménez, cuestionó qué es un centro de privación de la libertad; y la senadora Angélica de la Peña, del mismo Grupo Parlamentario, preguntó cómo transparentar el quehacer del Comité.
Martín Jáuregui indicó que lo más importante es transparentar y dar publicidad a las detenciones, trabajar en la profesionalización y que los peritajes no dependan de las fiscalías. Dijo que se pueden distinguir dos tipos de centros de detención, los preventivos y los que dan cumplimiento a una resolución de una sentencia; y en materia de transparencia del Comité, señaló que se debe contar con un diagnóstico que señale los aspectos sociales en que se debe de trabajar. Finalmente, en cuanto a las quejas, señaló que no ha prosperado ninguna.
La licenciada María Sirvent Bravo-Ahuja dijo que puede realizar un trabajo profesional, responsable y sin mediar ningún tipo de conflicto de intereses; resaltó su experiencia en la defensa y promoción de los derechos humanos en su mayoría trabajando desde la sociedad civil, así como su participación en el grupo de trabajo de la Ley Nacional de Ejecución Penal y en las discusiones de la Ley General de Tortura. Señaló seis ejes prioritarios como plan de trabajo, relacionados con la sociedad civil, transparencia y la transversalización de enfoques diferenciados.
La senadora Yolanda de la Torre Valdez, del PRI se refirió a la experiencia de la postulante en la discapacidad psicosocial; sus compañeros de partido, Cristina Díaz, presidenta de la Comisión de Gobernación y el senador Burgos García, pidieron a la aspirante abundar sobre el tema de la transparencia y la vinculación social, y sobre los elementos que harían distinguible la tortura de los tratos crueles y degradantes.
En su respuesta María Sirvent dijo que las personas con discapacidad psicosocial intelectual encuentran barreras desde su detención y terminan en una medida de seguridad más por su discapacidad que por el delito cometido. Para diferenciar la tortura se debe observar la gravedad de las violaciones, como el tiempo, el dolor infringido, la superioridad del funcionario, entre otros.
Propuso transparentar los informes, la metodología, indicadores, centros visitados, entre otros; subrayó que la sociedad civil puede proporcionar información de primera mano pues trabaja con la población; y dijo que el Caso Radilla se trata de una oportunidad para emitir recomendaciones que se pueden implementar a nivel nacional.
En su exposición, Nancy Pérez García, licenciada en Relaciones Internacionales, subrayó que la violencia ha colocado en una situación de indefensión a la población migrante y resaltó que el tema de los migrantes es el segundo más lucrativo a nivel mundial. Consideró necesario el monitoreo en estaciones migratorias, pues la gente no tiene acceso pleno a información como por qué están detenidos y cuánto tiempo lo van a estar, al tiempo que propuso crear una estación migratoria en cada entidad federativa a fin de evitar violaciones a los derechos humanos.
La senadora Verónica Martínez le cuestionó si existe tortura para todos los migrantes, a lo que Pérez García contestó que gracias a testimonios de personas en detención se sabe que sí ocurren violaciones y que se tiene registro de la existencia de celdas de castigo.
Miguel Sarre Iguiniz, licenciado en Derecho, expuso que debe haber un cambio radical en el caso del Mecanismo para prevenir la tortura, porque visitan los estados y se elabora un reporte de la posible comisión de tortura. Consideró que las visitas a los centros de detención tienen que detectar cómo se está trabajando, ya que estas son un medio y no un fin, y los informes generados pareciera que fueran un fin.
En su momento, la senadora Cristina Díaz preguntó acerca de los actores que se deben involucrar en el funcionamiento del Mecanismo para provocar un cambio radical respecto a la tortura.
En respuesta, Miguel Sarre dijo que es el Poder Judicial el que debe ejercer un control, pero que se debe dar un seguimiento profundo a través de las instancias respectivas.
Luis Armando González Placencia, licenciado en psicología por la UNAM, expresó que hay evidencias que permiten afirmar que en el país se comete tortura de manera sistemática y generalizada; y puntualizó que hoy ya no tendría por qué existir tortura pues se tienen mecanismos para prevenirla pero aún hay un problema de impunidad.
Ante la pregunta de la senadora Yolanda de la Torre sobre cuántas investigaciones hizo sobre tortura en la Ciudad de México, González Placencia dijo que realizó una respecto a la trata de internas en los reclusorios del entonces Distrito Federal, donde se logró demostrar cómo se había montado un aparato de corrupción que aprovechaba el contexto de privación de las internas para someterlas a prácticas de tortura como la prostitución.
La senadora Angélica de la Peña dijo que en una próxima reunión de comisiones unidas se presentará el dictamen con el nombre de las personas que se proponen sean designadas para ocupar el cargo honorario, mismo que se planteará al Pleno del Senado de la República a través de la Mesa Directiva.