Número-874

• Este delito provoca la pérdida de los sistemas biológicos naturales, y un impacto directo e irreversible a la biodiversidad.
• Cada año se venden más de 350 millones de especies y plantas en el mercado negro.

El tráfico ilegal de especies ha rebasado a las autoridades en México, a pesar de contar con una legislación ambiental sólida y diversos mecanismos para vigilar y sancionar su incumplimiento, no ha sido suficiente para atender el problema, señaló el senador Jesús Casillas Romero, integrante de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

La contribución de los legisladores para solucionar el problema podría ser más profunda y de mayor alcance mediante el establecimiento de alianzas de cooperación, que contribuyan a identificar y subsanar los vacíos o contradicciones en el marco legal, refirió al inaugurar a nombre de la senadora Ninfa Salinas Sada, presidenta de la citada Comisión, el foro “Retos y oportunidades en torno al tráfico ilegal de vida silvestre”.

Detalló que las especies más traficadas en el país son las guacamayas, los loros, los tucanes, las orquídeas, los monos, los ocelotes, las tarántulas y los reptiles.

En el contexto mundial, explicó, la falta de una adecuada legislación ambiental, la impunidad, la creciente demanda ilegal de especies y plantas, los problemas de corrupción, las mafias organizadas a escala nacional e internacional y la disparidad han incentivado el aumento de esta actividad ilícita.

Este delito genera la fragmentación y pérdida de los sistemas biológicos naturales, y provoca un impacto directo e irreversible a la biodiversidad, dijo el senador Casillas. Cada año, más de 350 millones de especies y plantas son vendidas en el mercado negro; pero sólo el tráfico de fauna representa un valor de entre 7 y 23 mil millones de dólares, comentó.

Silvia Garza Galván, presidenta de la Comisión Especial de Cambio Climático, afirmó que el foro ayudará a establecer las estrategias que permitan enfrentar el tráfico ilegal de vida silvestre y, con ello, lograr las metas de biodiversidad a las que México está comprometido, como las de Meta Aichi y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

“Nos encontramos en una época crítica en la historia del planeta; la pérdida de la biodiversidad representa uno de los retos más importantes de nuestros tiempos, asociados al cambio climático y a sus efectos sobre los ecosistemas”, refirió.

El tráfico ilegal de especies, detalló, es uno de los delitos que más ganancias dejan al crimen organizado, con un costo económico que asciende aproximadamente a 25 mil millones de dólares al año, sólo por detrás del tráfico de armas, el narcotráfico y la trata de personas.

Ben Myers, primer secretario de Política y Asuntos Públicos de la Embajada Británica en México, refirió que para atender el problema se deben construir coaliciones que involucren al sector privado, a las instituciones académicas, la sociedad civil y los gobiernos.

Comentó que en octubre, el Reino Unido recibirá a líderes de todo el mundo para abordar estrategias contra el tráfico ilegal de vida silvestre, mediante una coalición global. Abundó en que ese delito, alimentado por la corrupción, frena el crecimiento económico y el desarrollo sustentable.

Miguel Ángel Martínez, director general de Proximidad Social de la Policía Federal, refirió que en 2017, la División de Gendarmería realizó 35 mil 600 acciones de proximidad en población e inteligencia social para difundir información sobre cómo prevenir diversos delitos.

Andrés Ávila, director ejecutivo de Política y Legislación Ambiental, advirtió que el tráfico ilegal de especies es un asunto de seguridad nacional.

El foro se desarrolló en cuatro paneles de discusión: El tráfico ilegal de vida silvestre y sus implicaciones para México y el mundo; Retos y perspectivas en torno al tráfico ilegal de vida silvestre; Aplicación de la ley para el combate al tráfico ilegal de vida silvestre, y Casos de estudio.

En las mesas participarán representantes de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; de la Secretaría de Economía; del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre de Perú; de la Universidad Nacional Autónoma de México; de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente; de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, y del Instituto Nacional de Ciencias Penales, entre otros.