Número-808

• La Agenda 2030 que promueve los Objetivos de Desarrollo Sostenible plantea en su objetivo número 1 la erradicación de la pobreza.

En el marco del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, el Pleno del Senado de la República solicitó a la Secretaría de Economía un informe acerca de las acciones, programas y políticas económicas vigentes para incrementar el ingreso real de los mexicanos, así como las perspectivas para los próximos diez años.

El dictamen, aprobado en votación económica, plantea sensibilizar y concienciar sobre la existencia de un problema no resuelto, que es el de la pobreza.

El documento señala que la pobreza está íntimamente relacionada con un problema estructural, que impacta los derechos económicos, sociales y culturales, por lo que abatir este fenómeno se convierte en un hecho urgente en el que el Estado mexicano está obligado a ofrecer a la población las condiciones para la reproducción de la vida.

Al fundamentar el dictamen, la senadora Margarita Flores Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRI, expresó que la pobreza es condición de inequitud en cuanto a la distribución de la riqueza y dijo que desde la administración federal se han impulsado políticas públicas para la disminución del problema e incrementar el ingreso de la población en condiciones de vulnerabilidad.

Por su parte, el senador Fidel Demédicis Hidalgo, del Partido del Trabajo, señaló que el Día Internacional de la Erradicación de la Pobreza se celebra el 17 de octubre de cada año y el Senado de la República se debe pronunciar porque en México se instale la justicia social y se erradique este fenómeno.

El senador David Monreal Ávila, también del PT, comentó que la pobreza en el país es un flagelo que no permite un avance real, ni un desarrollo integral de la nación. Refirió que en este sexenio los niveles de desigualdad son evidentes y la brecha económica es descomunal.

La Agenda 2030 que promueve los Objetivos de Desarrollo Sostenible plantea en su objetivo número 1 la erradicación de la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo, e instituye como acción generalizada de los Estados Parte la implementación de estrategias que garanticen el pleno ejercicio de los derechos humanos, además de asegurar que nadie se quede atrás, señala el documento.

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