Número-776

• La distribución de competencias entre la Comisión y las entidades federativas es uno de los mayores retos, señala Jaime Rochín.

Entre febrero de 2017 y enero de 2018, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) ejerció 202.4 millones de pesos del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, refirió el comisionado ejecutivo Jaime Rochín del Rincón a las comisiones unidas de Derechos Humanos, Justicia y Gobernación del Senado de la República.

En comparecencia, Rochín del Rincón dijo que esa cifra es superior en 39.4 por ciento en términos reales, a lo que se entregó en el periodo de 2016, en favor de mil 810 víctimas.

Indicó que las reformas a la Ley General de Víctimas, de 2017, permitieron una mayor atención de víctimas y asignación de recursos, por medidas de ayuda inmediata o por compensaciones como parte de la reparación integral.

Explicó a las y los senadores que la distribución de competencias entre la CEAV y las entidades federativas es uno de los mayores retos; porque en la concertación de recursos, la Comisión Ejecutiva gestiona la ayuda, pero es la entidad quien decide el uso y destino de los fondos.

Otro problema que enfrenta la institución, es la atención de casos del fuero local, porque la capacidad operativa con la que cuenta la CEAV es limitada. “Enfrentamos un déficit de tres mil 333 asesores jurídicos de víctimas en todo el país”, dijo.

La atención a víctimas debe ser una política de Estado, refirió el comisionado ejecutivo, y es una tarea de grandes proporciones, que requiere de esfuerzos en la misma magnitud, por lo que no pueden circunscribirse a un ámbito, personaje o institución.

Angélica de la Peña Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, cuestionó al comisionado ejecutivo sobre si las reformas a la Ley han sido suficientes para atender de manera eficaz a las víctimas o es necesario realizar nuevos cambios.

Además, preguntó por el estado de casos como el de la guardería ABC, el fenómeno del desplazamiento interno en el país y la situación de la defensora de derechos humanos, Alma Barraza Gómez.

Jaime Rochín contestó que se creó un fideicomiso público en el Seguro Social y se otorgaron recursos como reparación del daño “a casi todas las víctimas, excepto a una familia; por cantidades que no voy a mencionar por respeto”.

Sobre el caso de Alma Barraza, dijo que requiere más acompañamiento, y se encuentra realizando un plan específico de atención integral que considera la situación especial de una persona que fue y aún es víctima, bajo una perspectiva de género.

En el caso de desplazamiento interno debe contar con una atención especial, similar al otorgado a niños, niñas y adolescentes o a las personas con alguna discapacidad.

Pilar Ortega Martínez, presidenta de la Comisión de Justicia, dijo que el Senado debe revisar periódicamente la aplicación de la norma, en lo concerniente a las víctimas del delito y los derechos humanos, porque es perfectible y una forma de evaluarla.

También expresó su preocupación por el bajo número de asesores jurídicos, sobre todo en las entidades federativas y las comisiones estatales.

Cristina Díaz Salazar, presidenta de la Comisión de Gobernación, apuntó que en el artículo 81, fracción 17, de la Ley de Víctimas, se obliga a las entidades federativas a atender a las víctimas, mediante la celebración de convenios entre la CEAV y los estados.

Diva Gastélum Bajo, secretaria de la Comisión de Derechos Humanos, refirió que en el tema de desplazamiento interno “no nos sirve lo que tenemos”. No existen cifras de cuántos desplazados hay en el país porque es difícil acreditarlos, dijo.

Benjamín Robles Montoya, integrante de la Comisión de Gobernación, dijo que parece que la CEAV carece de herramientas para proteger a las víctimas, porque a pesar de las buenas intenciones, su labor resulta ineficaz ante trabas y omisiones de algunas autoridades.

Marcela Torres Peimbert, secretaria de la Comisión de Derechos Humanos, abundó en que la condición general de las víctimas en México es muy grave; existen 13 mil 457 víctimas inscritas en el Registro Nacional de Víctimas, pero son muchas más las que no lo están, dijo.

En ese tema, hay una necesidad de regular el desplazamiento interno forzado en México, señaló Jaime Rochín: “es un tema que no debería esperar más, y empezar por definirlo para que no se preste a interpretaciones erróneas.

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