Número-736

  • En audiencias públicas, productores solicitaron su participación en el CNPA y garantizar el desarrollo sustentable.

Es necesaria una reforma a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, para fortalecer la participación ciudadana en el sector pesquero y acuícola, concluyeron los participantes de las audiencias públicas en relación a una iniciativa presentada por el senador Ernesto Ruffo Appel, presidente de la Comisión de Pesca y Acuacultura del Senado.

El proyecto del senador Ruffo pretende fortalecer al Consejo Nacional de Pesca y Acuacultura Sustentables (CNPA), y sumar nuevos integrantes para tener una mayor representatividad e incluir a la sociedad civil, productores a escala social, a las cámaras empresariales, a representantes del Poder Legislativo y de las entidades federativas.

Los representantes del sector pesquero señalaron la necesidad de que se busque la autonomía plena de las cooperativas; incentivar el aumento del consumo de productos del mar; y endurecer las sanciones en la Ley para terminar con actos de corrupción.

También es necesario contar con presupuesto para realizar más investigación y políticas públicas para despresurizar la costa y diversificar la pesca en altamar; en este último caso, una comparación con otros países delinea un panorama subdesarrollado para el país.

China cuenta con cuatro millones de embarcaciones en su sector pesquero, la India tiene tres millones, y en el caso de México, sólo existen dos mil embarcaciones mayores y 70 mil menores, señalaron.

El senador Ernesto Ruffo dijo que las modificaciones a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables y las propuestas de las organizaciones civiles tienen la finalidad de agregarle valor a la producción y a la sustentabilidad del sector.

Ricardo Barroso Agramont, presidente de la Comisión de Marina, refirió que la iniciativa contempla la rendición de cuentas, como un elemento clave para obligar a los funcionarios a hacer su trabajo, y no se deje todo a la parte legislativa.

Durante las audiencias públicas, los productores y representantes de organizaciones plantearon modificaciones a la iniciativa para garantizar la representación de la sociedad civil en los Consejos.

Así como delimitar sus atribuciones, a fin de evitar el riesgo de que se promueva la veda de diversas especies, bajo el argumento de protección al medio ambiente, pero que en el fondo atentaría contra la producción nacional de alimentos del mar.

Bertha Martínez Villalobos de la Red Nacional de Pescadores de Baja California y Humberto Becerra Batista, de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera, se pronunciaron porque se incluya la perspectiva económica, fundamental para la seguridad alimentaria, y citaron como ejemplo que en México una lata de atún cuesta siete pesos, mientras que en Estados Unidos se vende en 20 pesos.

José Manuel Cobo González, de la Unión Nacional de Pesca y Acuacultura, propuso que se incluya en el artículo 22 la participación de académicos, investigadores y empresas involucradas en el sector; en tanto, en el artículo 23 bis se requiere incluir los procesos de seguimiento y evaluación de los acuerdos para el desarrollo del sector.

En representación de la Comisión de Pesca, Elma Celina Rodríguez Cázares, se pronunció porque se impliquen programas transversales para que el objetivo de una mayor producción de alimentos del mar, tenga una comercialización exitosa a partir de aspectos tan básicos, como la promoción de una cultura sobre la forma de preparar las diversas especies de pescados y mariscos.

Enrique Sanjurjo Rivera, de World Wildlife Fund, propuso que en el artículo 22 se incluya la palabra “sustentable”, a fin de dejar en claro que el propósito de la Ley es promover el desarrollo de la pesca y acuacultura en las políticas públicas, programas, proyectos e instrumentos de carácter nacional, regional, estatal y municipal.

Rodrigo Elizarrarás Álvarez, de Enviorenmental Defense Fund de México, solicitó la inclusión de los Comités Consultivos de Pesquerías que operan en diversos estados, pues poseen información cercana de la problemática que enfrentan los pequeños y medianos productores, ya que serviría para formular programas de gobierno efectivos para el crecimiento del sector.

A las audiencias públicas acudieron también los senadores integrantes de la Comisión de Pesca y Acuacultura: Diva Gastélum Bajo, Luz María Beristain Navarrete, Jorge Aréchiga Ávila y Francisco Salvador López Brito.

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