Número-725

• La propuesta tiene un doble objetivo: acercar los servicios de la banca a las personas con discapacidad visual; y proteger, igualar y fortalecer sus derechos fundamentales.

Con el propósito de garantizar el acceso a la información que se encuentra en las sucursales y establecimientos de entidades financieras a todas las personas, la senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo planteó la actualización de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, a fin de favorecer la inclusión de la población que sufre distintos grados de ceguera o debilidad visual.

La iniciativa prevé que las entidades financieras y comerciales deberán contar con información actualizada para que cualquier persona la pueda consultar gratuitamente, ya sea en medios electrónicos, lenguaje escrito, oral, lengua de señas mexicana, visualización de texto en sistema Braille, comunicación táctil, dispositivos multimedia o auditivos y, en el caso de la información vía electrónica, para que prevalezca la accesibilidad financiera.

Desde la tribuna, puntualizó que la propuesta tiene un doble objetivo, ya que acerca los servicios de la banca a las personas con discapacidad visual, y protege, iguala y fortalece sus derechos fundamentales.

La actualización de la legislación en la materia, dijo, favorecerá la inclusión de la quienes padecen distintos grados de ceguera o debilidad visual, que han tenido impedimento para acceder al sistema financiero, advirtió y agregó que la inclusión financiera empodera a las personas, agranda los mercados, mueve la economía y hace más fácil, cómodo y entendible lo que para algunos es difícil y complejo.

Herrera Anzaldo también exhortó a las instituciones financieras y bancarias, a que independientemente de aprobación de la iniciativa, se adopten todas las medidas que favorezcan la inclusión y que permitan al mayor número de personas acceder a los servicios financieros que ofrecen, sin que existan limitantes para ello.

La legisladora resaltó que al promover el acceso de este segmento de la población a los servicios financieros ya ofrecidos, se beneficia tanto a este grupo social vulnerable, como a la inclusión económica, concretando las políticas financieras impulsadas por el Estado mexicano, como parte de la política general de promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas en un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades, y evitando el ejercicio de la discriminación indirecta.

La propuesta que modifica los artículos 7, 11, 13 y 18 Bis de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, se turnó a las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos.

 

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