Número-650

• El Presidente de la Mesa Directiva tomó la protesta de ley a los magistrados, que estarán en el cargo por un periodo de siete años.

El Pleno del Senado de la República aprobó la designación de ocho magistrados del Órgano Jurisdiccional Electoral de la Ciudad de México, y de los estados de México, Jalisco, Michoacán y Sonora, por un periodo de siete años.

El Presidente de la Mesa Directiva, senador Ernesto Cordero Arroyo, tomó la protesta de Ley a los magistrados electos Juan Carlos Sánchez León, Leticia Victoria Tavira, Raúl Flores Bernal, Ana Violeta Iglesias Escudero, Tomás Vargas Suárez, Salvador Alejandro Pérez Contreras, Yolanda Camacho Ochoa y Leopoldo González Allard.

El senador Cordero Arroyo les deseó éxito en su encargo y les hizo entrega del documento que da constancia de la elección realizada en su favor.

El Pleno del Senado de República realizó una votación por cédula para la designación de los magistrados.

Se obtuvo un total de 100 votos, con la que se reúne la mayoría aprobatoria de las dos terceras partes de los legisladores presentes, que exige el Artículo 116 constitucional y 106 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, por lo que se declara electos como magistrados del Órgano Jurisdiccional Electoral:

· Ciudad de México, Juan Carlos Sánchez León, 82 votos a favor, 17 en contra y un voto nulo.

· Estado de México, Leticia Victoria Tavira, 84 votos a favor y 16 en contra; y Raúl Flores Bernal, 82 votos a favor, 17 en contra y un voto nulo.

· Jalisco, Ana Violeta Iglesias Escudero, 84 votos a favor y 16 en contra y Tomás Vargas Suárez, 83 votos a favor, 16 en contra y un voto nulo.

· Michoacán, Salvador Alejandro Pérez Contreras, 82 votos a favor y 18 en contra.

· Yolanda Camacho Ochoa, 83 votos a favor, 16 en contra y un voto nulo.

· Sonora, Leopoldo González Allard, 74 votos a favor 25 en contra y un voto nulo.

Se instruyó comunicar al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, a los gobernadores del Estado de México, Jalisco y Michoacán, y a la gobernadora de Sonora.

Así como al Presidente de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México y a los presidentes de los congresos de dichos estados; al Presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al Consejo General del Instituto Nacional Electoral; y a los presidentes de los organismos locales en materia electoral de la Ciudad de México y de los estados en materia.

Al referirse al Acuerdo, el senador Héctor Larios Córdova subrayó que un tribunal de consigna no ayuda; el PRI se toma la libertad de seleccionar a un magistrado de una lista que envían de Sonora, cuya mayoría son conyugues, hombres o mujeres, magistrados del Tribunal Administrativo o del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.

Se puede tener diferencia de opiniones, aclaró el legislador del PAN, pero que un Órgano Administrador de Justicia se manipule de esta manera no es admisible. Es inaceptable que el organismo electoral haya nombrado a más del 80 por ciento de consejeros locales y distritales, militantes activos del PRI.

A Larios Córdova se sumó el senador Luis Humberto Fernández, del PT, quien precisó que el reconocimiento público de las designaciones de magistrados no se toma sobre la base de los perfiles ni de la conveniencia del interés público, sino de la cercanía, cortesanía y funcionalidad, motivos que explican la bancarrota de la justicia electoral en México.

Exhortó a la Junta de Coordinación Política a operar en los términos de la Constitución, que funde y motive sus decisiones, porque no pueden únicamente pasar una lista de nombres. Faltan el respeto a la Constitución y no tienen forma de justificar que no se atendió a los perfiles, sino que se limitó a la negociación entre partidos. “Esto sí es la demolición de las instituciones”, finalizó.

Del mismo Grupo Parlamentario, el senador Fidel Demédicis Hidalgo, aseguró que con este hecho se confirma una práctica que le sigue haciendo daño a la justicia en México. “No hay méritos solamente hay cuotas partidarias para designar a los magistrados electorales en los estados”, señaló.

Todos los nombramientos primero pasan por el escritorio del Presidente y luego se les da la bendición en un acuerdo político que decide la partidocracia. Precisó que seguirán luchando y diciendo que los cargos se deben ocupar a partir de los méritos, fama pública y de demostrar que conocen sobre sus encargos.

Los resolutivos del acuerdo, del 2º al 9º se votaron por cédula, conforme a la fracción tercera del Artículo 97 del Reglamento del Senado y siguiendo el procedimiento que indica el Articulo 101 de la misma disposición.

Los que resolutivos 1º, 10º, 11º y 12º se aprobaron en votación económica.