Número-239
- El gobierno de Michoacán y la CNDH deben informar sobre las investigaciones en la comunidad de Arantepacua.
El Senado de la República solicitó a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) un informe actualizado sobre el funcionamiento de la institución, a partir de la entrada en vigor de las últimas reformas a la Ley General de Víctimas, así como de los resultados de la utilización del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral de Víctimas.
Además, pidió a las comisiones de Víctimas de las entidades federativas informen sobre el funcionamiento de sus instituciones y fondos de ayuda, asistencia y reparación integral de acuerdo a la reformas a la Ley.
Para ser beneficiarios del Fondo, además de los requisitos que establece la Ley y su reglamento, las víctimas deben estar inscritas en el Registro Nacional de Víctimas, para que la Comisión Ejecutiva realice una evaluación integral de su entorno familiar y social, a fin de contar con los elementos suficientes para determinar las medidas de ayuda, asistencia, protección, reparación integral y, en su caso, la compensación.
De acuerdo con el Documento Situación Financiera del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (cifras al 30 de junio de 2017), publicado en la página de internet de la CEAV el 14 de julio de 2017, el Fondo registró un total neto de mil 314.6 millones de pesos y egresos por 322 millones de pesos; mientras que por concepto de ayudas inmediatas se han erogado 39.3 millones de pesos, por gastos funerarios, médicos, alojamiento y de alimentación, en beneficio de mil 237 víctimas.
En ese mismo periodo, por concepto de compensaciones como parte de la reparación integral, se han pagado 235.4 millones de pesos en beneficio de 501 víctimas. También se erogaron 44. 1 millones en Reservas de Fondos de Emergencia y 3.2 millones en el pago de honorarios a fiduciaria y comisiones, de acuerdo con el dictamen.
Gobierno de Michoacán debe informar sobre hechos de Arantepacua
El Senado de la República exhortó al gobierno de Michoacán a informar sobre los avances en las investigaciones relacionadas con los hechos ocurridos el 5 de abril de 2017, en el poblado de Arantepacua, municipio de Nahuatzen, Michoacán.
En particular, la CNDH debe informar lo relativo a la queja de oficio abierta por los hechos.
De acuerdo con la información, 200 policías estatales y ministeriales, arribaron alrededor de las 14:00 horas a Arantepacua, con el propósito de recuperar camionetas, camiones y tráileres propiedad de distintas empresas, que habían sido retenidas por comuneros; y se registró una balacera que duró más de una hora.
Las autoridades correspondientes deben emprender las acciones pertinentes para el esclarecimiento de los hechos, a fin de deslindar responsabilidades, conocer y acreditar la probable existencia de violaciones a derechos humanos y, der ser el caso, imponer las sanciones correspondientes y garantizar la reparación integral de las víctimas.
Destaca que el gobierno del estado, a través de comunicados, informó que desde hace más de dos meses la Secretaría de Gobierno estableció ocho mesas de diálogo y trabajo para atender el tema agrario por el que se manifiestan los comuneros.
La disputa agraria es por la tenencia de un terreno con 520 hectáreas de extensión, que por decreto Presidencial, desde 1984, es propiedad de la comunidad de Capácuaro, en el municipio de Uruapan, que colinda con Arantepacua.
Piden fortalecer el acceso a la verdad y justicia en el caso de personas desaparecidas
Adicionalmente y con el propósito de brindar a las familias de las personas desaparecidas un acompañamiento legal, institucional y psicosocial que coadyuve a garantizar el acceso a la verdad y a la justicia, el Pleno del Senado llamó a la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León a mantener y fortalecer los mecanismos de interlocución y colaboración con organizaciones de la Sociedad Civil, como Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC) y la Agrupación de Mujeres Organizadas por los Ejecutados, Secuestrados y Desaparecidos de Nuevo León (AMORES).
Además, exhortó a los gobiernos de todas las entidades federativas a establecer y, en su caso, fortalecer los mecanismos de interlocución y colaboración con las organizaciones de la sociedad civil que acompañan a familiares de personas desaparecidas.
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