Número-229

• Prevén sanción de 200 a 400 días multa y prisión de dos a nueve años al servidor público que destine fondos, bienes o servicios dirigidos a la sociedad, a cambio de apoyo a un partido o candidato.

Para evitar el uso político o personal del apoyo a personas afectadas por un desastre natural, en el Senado se propuso sancionar con seis meses a tres años de prisión y de cincuenta a cien días multa, a quien condicione el voto o realice promoción partidista o de difusión personal de su imagen o de un tercero, a través de la entrega, ofrecimiento o intercambio de apoyos o donaciones a víctimas.

Las reformas al Código Penal Federal y la Ley General en Materia de Delitos Electorales, propuestas por el senador Rabindranath Salazar Solorio, prevén una multa de 100 a 200 días y prisión de uno a seis años, al funcionario partidista o candidato que realice propaganda electoral o se promueva a través de la entrega, ofrecimiento o intercambio de apoyos o donaciones a las víctimas de un desastre natural y sus familiares.

Así como sancionar con 200 a 400 días multa y prisión de dos a nueve años al servidor público que destine fondos, bienes o servicios que tenga a su disposición para beneficiar a la sociedad, a cambio de apoyar a un partido o candidato.

El legislador del Grupo Parlamentario del PT  precisó que se debe establecer, tanto en la legislación electoral como en la del orden penal, sanciones ejemplares para quien pretenda obtener un beneficio político a partir de la entrega o condicionamiento de ayuda a quienes hayan sido víctimas de un desastre natural.

Refirió que luego de los sismos del 7 y 19 de septiembre, los partidos políticos propusieron donar parte o el total de sus prerrogativas para la atención del desastre y apoyo a los damnificados.

Agregó que se debe evitar que algunos institutos políticos pretendan obtener lucro electoral como consecuencia de su donación, sobre todo, por los antecedentes documentados del abuso y aprovechamiento de otros programas de carácter social, por el dispendio de recursos gubernamentales, del orden estatal y Federal, que aprovechan las lagunas normativas para implementar prácticas clientelares en perjuicio de la equidad en la contienda y la libertad del sufragio.

La propuesta se turnó a las comisiones de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera.

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