Número-199

• Urge fortalecer la legislación nacional y la actuación conjunta de los actores.

En México la trata de personas representa la tercera fuente de ingresos de la delincuencia organizada y sus causas son múltiples y estructurales, señaló la senadora Angélica de la Peña Gómez, al tiempo que exigió una acción conjunta de todos los actores del Estado, así como de las bases institucionales propicias para prevenirla, perseguirla y castigarla.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos resaltó la importancia de la sociedad civil para la prevención y erradicación este fenómeno, a pesar de que la responsabilidad es de las instituciones gubernamentales. “La trata debe ser combatida con toda la fuerza del Estado porque el problema está creciendo”, aseguró.

Durante la presentación del Informe “Una mirada desde las organizaciones de la sociedad civil a la trata de personas en México”, realizado por Hispanos y Filantropía (HIP por sus siglas en inglés), la senadora Adriana Dávila Fernández, titular de la Comisión de Trata de Personas,  indicó que el informe recolecta datos de diversas organizaciones de la sociedad civil para conocer el contexto nacional del país en la materia.

La legisladora del PAN destacó la presencia de regidores y regidoras de Tlaxcala, invitados para allegarse de información y poder replicar en materia de prevención en las diversas comunidades de los ayuntamientos de esa entidad, ya que hay casos en que la autoridad no sabe cómo actuar.

La presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos No Gubernamentales, Lucero Saldaña Pérez, afirmó que no hay países exentos de la trata de personas, pues cada vez se ve a más mujeres y menores de edad involucrados.

“Vivirla no es vida”, por lo que se debe fortalecer la legislación nacional, asignar mayor presupuesto, ampliar y evaluar indicadores en el impacto de la acción pública, profundizar en la capacidad de respuesta institucional y gubernamental, y brindar especial atención a grupos vulnerables. 

El quinto visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Edgar Corzo Sosa, propuso crear un programa sobre capacitación en materia de trata para  funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM), a lo largo y ancho del país; así como realizar actividades a través de los Congresos en materia de prevención.

La directora de Control y Verificación Migratoria del INM, Lidia Araceli Gómez Santillán, dijo que se deben impulsar más acciones para la persecución del delito, pues los ciudadanos reclaman una respuesta en el combate a ese flagelo. Agregó que el sector privado es un aliado que debe fortalecer las acciones de prevención y difusión, e incluso de denuncia.

Danna Preston, gerente del Programa de Igualdad de Género de HIP, indicó que el propósito del estudio es conocer  que sucede en el país,  los datos oficiales no brindan la historia total. Se buscó la experiencia de las organizaciones de la sociedad civil que viven la situación día a día, pues la trata de personas está en cada estado del país, mucho más presente y frente a nuestra cara.

El Informe fue presentado por los consultores de HIP, Francisco de Jesús Gómez, Martín Juárez, Mayela Blanco y Mónica Salazar; el análisis se dividió en cuatro regiones: norte, centro, bajío y sur del país.

Incluye entrevistas a más de 70 organizaciones de la sociedad civil, con las que se midió lo relativo a prevención; persecución; protección a víctimas, víctimas indirectas y miembros de la organización civil; así como la participación de las autoridades.

Uno de los datos más importantes que se identificó es de dónde sale una persona, a qué estado va y con qué fines, así como la metodología de enganche, además que en la legislación nacional existe confusión, ya que presenta un abanico de posibilidades vinculadas a la trata, desde prostitución forzada, explotación sexual, trabajos forzosos y explotación laboral.