Durante los trabajos de la Séptima Asamblea Plenaria del Foro Interparlamentario de las Américas (FIPA), legisladores y especialistas debatieron sobre los retos que enfrentan las naciones del hemisferio en materia de seguridad regional y crimen transnacional.

La senadora Adriana González Carrillo, representante de México ante el FIPA, expresó que cada vez se escucha más que el modelo de Estado-Nación ya no puede atender las amenazas de este tipo, “ya que ahora tienen otras características y muchas de ellas no están situadas dentro del territorio geográfico”.

En este sentido, consideró que la tecnología es mejor utilizada por parte del crimen organizado.

Resaltó que “en los hechos ésta no está siendo utilizada por parte del Estado para combatir las amenazas del crimen”.

A su vez, el vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado, Ricardo García Cervantes, resaltó que se debe hacer un análisis político con responsabilidad y con datos objetivos.

Lo anterior, lo explicó al disentir de algunas ponencias. “A mi me parece más rica la discusión de nuestras propias experiencias vistas desde los parlamentos y crearnos con la información académica como un referente siempre que esté sustentada con un rigor científico”.

Athanasios Hristoulas, profesor del Departamento de Estudios Internacionales del ITAM, afirmó que el Estado mexicano ha tratado de controlar sin éxito el nivel de violencia, por lo que esta incapacidad ha llevado al descontento a los mexicanos, “lo que se puede traducir en un alto índice de falta de legitimidad por parte de la gente sobre su gobierno”.

Por ello --dijo-- muchos están empezando a argumentar que México está en las primeras etapas de un Estado fallido.

Sin embargo, aclaró que existe un clima de inseguridad en la región, debido al crimen organizado, la existencia de pandillas, terrorismo y pobreza, por lo que se está llegando a una situación “donde estamos perdiendo legitimidad en nuestros sistemas políticos y la perdida de legitimidad es el primer paso para lo que se llama Estado fallido”.

En tanto, Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, miembro del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia, dijo que la capacidad de fuerza armada y financiera del crimen organizado transnacional va en aumento, por lo que se ha convertido en una amenaza a la seguridad de los países.

Señaló que con esto se busca atemorizar, extorsionar, controlar territorios y corromper a las autoridades, además de que ya existen intentos claros de estas bandas de incidir en la política local para alcanzar sus fines económicos, a través de asesinatos de candidatos a alcaldías o gubernaturas y al tratar de imponer autoridades de policía locales.

“Están utilizando en más medida la violencia extrema para atemorizar a la población y a gobiernos; estas organizaciones se siguen aprovechando de los espacios que dejan de ocupar los países en términos legales, jurisdiccionales y los controles fronterizos”, puntualizó.

En las dos sesiones de trabajo estuvieron presentes legisladores y especialistas de diferentes naciones del continente Americano y donde se abordaron temas como preparación y respuesta a desastres naturales y participación de la sociedad civil en el fortalecimiento de la democracia.

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