Número-1615

• El Presidente del Senado señaló que el caso de Zihuatanejo es un ejemplo más de la urgencia de contar con una la Ley de Seguridad Interior.
• Los tiempos actuales exigen a gobernadores y al Congreso, a no eludir la discusión de un marco legal que regule la actuación del ejército, reiteró.

El presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Pablo Escudero Morales, advirtió que el caso de Zihuatanejo es un ejemplo más de la urgencia para no postergar más la discusión de la Ley de Seguridad Interior, después de que el Ejército y la Policía Estatal tomaron control de la seguridad pública en Zihuatanejo por la infiltración a la policía municipal del crimen organizado.

Escudero explicó que soldados del 75 batallón de infantería del Ejército y agentes de la Policía Estatal desarmaron y encuartelaron a la policía local de Zihuatanejo, en la Costa Grande de Guerrero, por estar presuntamente infiltrada por la delincuencia organizada y tomar funciones policiales en el municipio.

El legislador explicó que los elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Estatal detectaron a 42 personas que sin formar parte de la corporación municipal portaban armas, uniformes e insignias oficiales. 

Escudero Morales reiteró que la acción de elementos de la Fuerza Armada en Zihuatanejo, es muestra clara de la urgencia para que el Congreso inicie la discusión de la Ley de Seguridad Interior, “ya es impostergable brindar a nuestras fuerzas armadas un marco normativo que regule su actuación en casos como el del municipio guerrerense”, dijo.

Finalmente, el presidente de la Cámara alta subrayó que los tiempos actuales exigen tanto a los gobernadores, como al Congreso de la Unión, a no eludir sus respectivas responsabilidades y comenzar la discusión de un marco legal que garantice que las autoridades locales retomen sus competencias en materia de seguridad con cuerpos policiales confiables y eficaces, a fin de permitir la transición gradual y el regreso de las fuerzas armadas a sus cuarteles, con estricto apego a los preceptos constitucionales y respeto a los derechos humanos.