Número-1594

• Estadísticas revelan que 4.5 millones de niños fueron víctimas de abuso, tan sólo en 2015.
• PGR y corporaciones internacionales detectaron en 2013,  más de 12 mil cuentas personales referentes a la explotación sexual.

El Senado de la República pidió a las secretarías de Gobernación y Salud, así como  a la Policía Cibernética, Sistema Nacional para el Desarrollo de la Familia (DIF) y a los gobiernos estatales, una estrecha y más efectiva coordinación en el combate a la pornografía infantil.

El dictamen apunta que las leyes General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes;  de la Policía Federal, así como el Programa Sectorial de la Secretaría de Salud 2013-2018; la Estrategia Digital Nacional publicada en 2013; y Estatuto Orgánico del Sistema Nacional DIF, establecen con claridad que tienen la responsabilidad de salvaguardar a la infancia y emprender las campañas y acciones para protegerlas de actos delictivos y riesgos de violencia.

Señala que las “Estadísticas a Propósito del Día del Niño”, publicadas en 2015, revelaron que alrededor de 4.5 millones de niñas y niños son víctimas de abuso sexual en México, de los cuales únicamente el dos por ciento se conocen en el momento en que se presenta el abuso.

La Procuraduría General de la República (PGR) e instituciones de seguridad internacional, refieren que, en 2013, se detectaron más de 12 mil cuentas personales en internet, donde se exhiben imágenes de explotación sexual de menores, cuyas edades oscilan entre los cuatro y 16 años.

“Es por lo anterior que en México se debe tener mayor vigilancia en redes sociales, que las autoridades correspondientes trabajen en coordinación, en específico la política cibernética, quienes son los encargados de la detección y combate de los delitos cibernéticos”, destaca en el  documento.

El Senado aprobó, por separado, diversos puntos de acuerdo en los que solicita mayor protección a la población infantil, como la petición al Gobierno Federal y estatales a garantizar los derechos humanos de las niñas y los niños que viven con madres reclusas en centros penitenciarios.

Pidió también a la Secretaría de Gobernación a informar las acciones, medidas y políticas realizadas para garantizar los derechos humanos de las niñas y los niños que viven con madres reclusas en centros penitenciarios.

De igual forma, solicitó al Instituto Nacional de Estadística y Geografía a implementar las estrategias que faciliten la inclusión de un indicador que mida la “población infantil en situación de calle”.