• Remitió al Senado el documento "Algunas Consideraciones ante las Propuestas Legislativas que se han formulado para la eventual emisión de una Ley de Seguridad Interior en México".
• Se turnó a comisiones unidas de Seguridad Pública, de Gobernación, de Defensa Nacional, de Marina y de Estudios Legislativos Segunda.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) remitió al Senado de la República el documento "Algunas Consideraciones ante las Propuestas Legislativas que se han formulado para la eventual emisión de una Ley de Seguridad Interior en México".

El documento recopila inquietudes y aspiraciones con base en principios constitucionales y convencionales, que favorecen la protección y garantía de los derechos humanos.

Señala que la atención a los problemas de seguridad debe ser prioridad de la agenda pública para el 2017 y requiere abarcar con objetividad y responsabilidad la atención de los elementos y factores que inciden en los mismos.

La CNDH advierte de la necesidad de recuperar la justicia, el respeto, el cumplimiento de la ley, la solidaridad, la educación, el trabajo, la inclusión y el desarrollo, para reducir la brecha de desigualdad y pobreza, así como propiciar mejores niveles y condiciones de vida para las personas.

Asimismo, expone que todos tenemos derecho a vivir en un entorno de paz, en el que contemos con condiciones razonables de seguridad que posibiliten el ejercicio y vigencia de nuestros derechos.

También considera que el Poder Legislativo, en la formulación de una regulación de seguridad interior, debe tomar como premisa general el reconocimiento y respeto de la dignidad de las personas; y que debiera preservar la vigencia del esquema de competencias y atribuciones que, en materia de seguridad pública, contempla el artículo 21 constitucional, que dispone que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios.

Además, debe distinguir y acotar los conceptos de seguridad pública, seguridad nacional y seguridad interior; preservar el respeto al principio de legalidad que todo acto de autoridad debe revestir, prevenir que se afecte o se propicie la afectación del legítimo ejercicio de otros derechos fundamentales, como la libertad de expresión y manifestación, en términos de lo dispuesto en las normas convencionales y constitucionales.

Asimismo, tendría que contemplar mecanismos de control institucional, claros y de colaboración entre autoridades, para la implementación, seguimiento y control de las acciones que se desarrollen al amparo de esa ley; e incluir remas de fortalecimiento de especialización de seguridad; definir los ámbitos temporal, espacial y material de las acciones de seguridad interior, así como su difusión y publicidad.

Adicionalmente, considera la CNDH que se debe evitar que las Fuerzas Armadas participen en la prevención e investigación de los delitos y no asumir bajo ningún supuesto que la intervención de las Fuerzas Armadas en Áreas vinculadas a la seguridad de las personas sea de carácter permanente.

El documento, fue turnado a las comisiones unidas de Seguridad Pública, de Gobernación, de Defensa Nacional, de Marina y de Estudios Legislativos Segunda.