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Legisladores de los diversos grupos parlamentarias del Senado presentaron una iniciativa para expedir la Ley General de Víctimas, que obliga a las autoridades de los tres niveles de gobierno a garantizar --de manera integral-- la ayuda, asistencia y reparación del daño a las víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos.

Destacaron que en México se vive una creciente inseguridad pública y expansión del crimen organizado que ha “incrementado significativamente los delitos depredatorios y las denuncias y quejas por la impunidad que con muchos de ellos se genera”.

Derivado de lo anterior, dijeron, también existen “diversas expresiones sociales de hartazgo, inconformidad, dolor, miedo, reprobación e indignación” contra la forma en que las autoridades se conducen ante los reclamos de quienes han sido victimizadas por delitos o violaciones de sus derechos humanos.

En este contexto, el nuevo ordenamiento es una respuesta concreta a la demanda de visibilizar, dignificar y reconocer los derechos de estas personas, para que el Estado tenga la obligación no sólo de proporcionarles ayuda, atención y reparación integral de daño, sino evitar  “la criminalización y victimización secundaria de los afectados”.

Para ello, establece un conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, individuales y colectivas para asegurar el ejercicio efectivo de sus derechos a la verdad, justicia y reparación integral del daño, así como garantías de no repetición del delito.

Además, obliga a las autoridades de los tres ámbitos de gobierno y de los tres poderes de la Unión, así como a cualquier oficina, dependencia, organismo o institución pública o privada que vele por la protección de las víctimas y a proporcionar ayuda, asistencia o reparación integral.

La reparación integral, precisaron los senadores, comprende las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica.

Cada una de estas medidas será implementada teniendo en cuenta la gravedad y magnitud del hecho punible cometido o la gravedad y magnitud de la violación de sus derechos, así como las circunstancias y características del hecho.

Asimismo, con la Ley General se implementarán programas de crédito y de subsidio especiales para la enseñanza, cobertura plena de servicios de salud --incluidas hospitalización, cirugías y provisión de medicamentos--, así como programas especiales de rehabilitación en salud física y mental.

Del mismo modo, crea el Sistema Nacional de Víctimas que regulará y supervisará las directrices, planes, programas, proyectos, acciones, y demás políticas públicas que se implementan para la protección, ayuda, asistencia, atención, acceso a la justicia y reparación integral a las víctimas, en los ámbitos federal, estatal y municipal.

También instituye una Comisión Ejecutiva de Atención como órgano vigilante y de control de la Ley, con la representación y la participación directa de las víctimas y organizaciones de la sociedad civil.

De acuerdo con la propuesta, la solvencia de todas las operaciones de ayuda, atención y reparación integral, así como las garantías de no repetición, estarán a cargo del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, que será el encargado de brindar los recursos necesarios para estos fines.

La iniciativa se turnó de manera directa a comisiones para su análisis y dictamen.

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