{audio}2012/boletines/mar/2012-03-29/869.mp3{/audio}
Precisó que la escasa cobertura geográfica de sus unidades de atención y la incapacidad de éstas para substanciar y resolver medios de impugnación es una de las grandes dificultadas que enfrenta la Profeco para procurar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores.
Por ello, el legislador del Partido Verde presentó una iniciativa que reforma la Ley Federal de Protección al Consumidor para que dicha dependencia establezca al menos una unidad de servicio por cada uno de los municipios con una población igual o superior a cien mil habitantes.
De esta manera, aseguró, se fortalece y se impulsa el desarrollo económico y la generación de empleos en los municipios donde se establezcan las unidades.
La falta de cobertura, enfatizó, obliga a consumidores y proveedores de municipios o comunidades distantes a trasladarse hasta la capital de la entidad federativa donde habitan, e incluso hasta el Distrito Federal, para tramitar o resolver alguna queja o procedimiento administrativo.
Por eso es común que un prestador de servicios de Mérida o Tijuana se vea obligado a viajar hasta la capital de la República para litigar una simple multa.
Esta situación, dijo, además de representar costos excesivos para los ciudadanos, genera descontento y pérdida de tiempo, obstaculiza el acceso a la justicia, incrementa la carga de trabajo de las oficinas centrales e impide el desarrollo económico de regiones, municipios y comunidades.
Para atender de este problema, Torres Mercado propuso que delegaciones tengan facultades administrativas para substanciar o resolver los recursos de revisión, a efecto de que estos se tramiten y concluyan en la entidad federativa que corresponda.
La iniciativa se turnó a las comisiones de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Segunda.
--oo0oo--