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Con ello, “es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica, federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental.”
De esta manera, se subraya en el dictamen, se evita que “los valores o intereses religiosos se erijan en parámetros para medir la legitimidad o justicia de las normas, así como los actos de los poderes públicos”.
Al presentar el dictamen, el senador Melquiades Morales Flores aclaró que “laicidad no significa de ninguna manera confrontación o negación de una religión”, sino tolerancia y libertad amplia de creer y de pensar y que todas las iglesias, sea cual fuere el número de fieles, tienen las mismas consideraciones frente a la ley y el Estado.
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales enfatizó que este principio “determina la prohibición del Estado de establecer alguna religión oficial, pues el gobierno debe ser neutral y no debe favorecer a ninguna de ellas”.
Dijo que el concepto de laicidad no es nuevo en nuestro esquema Constitucional, por lo que con la reforma “pretendemos confirmar una tradición y un sistema de derecho que ha permitido la convivencia civilizada entre los mexicanos, que tenemos muy presente que los conflictos religiosos del pasado nos han enfrentado y dividido”.
En una República laica como la nuestra, agregó, “seguiremos transitando hacia el futuro con la certeza de que atrás quedan la intolerancia, la discriminación y las luchas fratricidas” y vamos por el camino de la convivencia pacifica, la concordia, la pluralidad de ideas y creencias, con el único límite del respeto a la ley y al derecho de los demás.
A su vez, el senador de Acción Nacional, Alejandro Zapata Perogordo, reconoció que el dictamen avalado “no se puede desvincular” con el relativo al Artículo 24 Constitucional porque el concepto laico “implica forzosa y necesariamente libertades”.
Expresó que “no podemos ni estancarnos en las luchas fratricidas ni dejar de superar resabios y diferencias”, por lo que el cambio a la Constitución refrenda el principio de la laicidad.
D
ijo que en materia de autonomía entre lo político y lo religioso “se ha avanzado enormemente” y por ello es necesario garantizar la igualdad de los individuos y sus asociaciones, creyentes o no, frente a la ley.
A nombre del PRI, la senadora María de los Ángeles Moreno subrayó que el respeto por las diferencias no es una actitud pasiva, sino una forma de entender que la libertad ajena es tan amplía como la propia y que el diálogo enriquece la vida colectiva.
“El sentimiento dominante entre los mexicanos es favorable a la tolerancia propia de un Estado secular”, subrayó, pero para fortalecer la convivencia basada en el respeto y evitar el resurgimiento de una polarización que de nueva cuenta nos divida se requiere extender el principio de laicidad a todos los ámbitos de la vida institucional.
Agregó que la neutralidad del Estado laico debe garantizar la libertad irrestricta de las diferentes convicciones y las creencias personales, pues la homogeneidad coactiva de criterios es incompatible con una sociedad democrática.
En su turno, el senador perredista Pablo Gómez Álvarez destacó que con la reforma el funcionamiento de los poderes públicos será al margen de las creencias religiosas y de las convicciones contrarias a la religión.
Consideró que añadir en el Artículo 40 el carácter laico de la República es congruente con la Constitución y con el principio histórico de la separación entre la Iglesia y el Estado, estipulado con la reforma de 1992.
Sin embargo, lamentó que este proyecto de decreto se “haya postergado durante años” y sólo se admitiera cuando también se modificara el Artículo 24, “como si se tratara de una especie de cambalache en materia Constitucional, que es inadmisible en un Estado laico”.
Para el senador Dante Delgado los cambios tanto al Artículo 40 como al 24 de la Carta Magna “son las dos caras de la misma moneda”, pues con el primero se legitimará “una aparente laicidad” para incluir el término de “libertad de convicciones éticas” que generará discrecionalidad y convertirá al Estado en arbitro de dichas convicciones.
El legislador de Movimiento Ciudadano aseguró que la Constitución ya establece que México es un Estado laico y específicamente con el Artículo 24 vigente se permite la libertad de creencias, por lo que las reformas son innecesarias.
Por ello, señaló que con una “reforma arbitraria, insensible y absurda queremos que las futuras legislaturas reglamenten este concepto que va a lastimar sensiblemente a libre pensadores y personas que profesan diferentes religiones”. ¿Por qué --preguntó-- queremos abrir viejas heridas entre la sociedad nacional?
En tanto, el senador del Partido Verde, René Arce, precisó que esta disposición “no se modifica por el capricho de alguien”, sino porque en fechas recientes se ha intentado plantear la posibilidad de revisar la relación entre el Estado y las iglesias.
Por esa razón, consideró necesario dejar perfectamente claro que los asuntos públicos se tienen que tratar bajo el principio de la laicidad y que las preferencias religiosas le corresponden al ámbito privado.
El dictamen recibió 97 votos a favor, tres en contra y una abstención y fue remitido a los congresos estatales para sus efectos constitucionales.
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