Número-663

• La Comisión de Gobernación del Senado recibe a expertos, especialistas, académicos e investigadores en el marco del análisis de la Ley en materia.  
• La propuesta favorecerá las acciones de preservación, difusión, e incremento del patrimonio documental de la nación: senadora Cristina Díaz.

En el marco del proceso de dictaminación de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Archivos, el Senado de la República celebró las audiencias públicas para escuchar las propuestas y análisis de especialistas, académicos e investigadores.

La senadora Cristina Díaz Salazar, presidenta de la Comisión de Gobernación precisó que se han recibido diversas opiniones sobre la iniciativa, entre ellas, la que se refiere a la existencia de un control político de todos los archivos de México a través de la Secretaría de Gobernación, y las relativas al plazo de dos años para depurar los contenidos de los archivos.

La propuesta favorecerá acciones de preservación, difusión, incremento del patrimonio documental de la nación, destacó, y sienta las bases para que el Sistema Nacional de Archivos tenga un enfoque integral y sistemático de la gestión documental, armonizando los recursos informacionales con los normativos tecnológicos y archivísticos con carácter homogéneo.

El objetivo primero del ordenamiento es dar a los archivos y gestión documental del país el lugar que requiere para cumplir con dos derechos fundamentales, el de acceso a la información y el derecho a la memoria y a la verdad precisó por su parte, la senadora Laura Angélica Rojas Hernández, integrante de la Comisión de Gobernación.

En su participación, Mauricio Merino Huerta, presidente del Consejo Académico del Archivo General de la Nación (AGN) y académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), aseguró que la ley es una de las más graves amenazas de regresión política para el país y para el sistema de transparencia y de combate a la corrupción; pues los archivos son la base del sistema de transparencia con los que se construye el acceso a la información.

Agregó, que “no hay una sola razón para que la Secretaría de Gobernación (Segob) encabece el Sistema Nacional de Archivos que no sea la del poder político”. Agregó que esta discusión no responde a criterios técnicos, sino a la insistencia del Ejecutivo Federal para mantener en la Segob el control de todos los archivos del país. 

Coincidió con él la directora ejecutiva de la Red por la Rendición de Cuentas, Lourdes Morales Canales, quien precisó que la decisión de la política nacional archivística debe dejarse en manos de historiadores y técnicos, y no en manos de políticos. 

Además, propuso que el nombramiento del titular del AGN lo realice el Senado, e insistió en adoptar principios de Parlamento Abierto para la iniciativa y no se vote en fast track. “Vale la pena aprobar una buena ley acorde con los avances en materia de acceso a la información y rendición de cuentas”, añadió. 

La exdirectora del AGN, Aurora Gómez Galvarriato, apuntó que bajo la tutela de la Segob, los archivos están condenados a permanecer en la última prioridad, tanto en asignación de recursos como en la importancia que se les otorga. 

El doctor en Historia, Gabriel Torres Puga, precisó que no se puede permitir una ley que favorezca la mala organización o la permanencia indefinida en los archivos de concentración o lo que es peor, posibilite su destrucción. La valoración, argumentó, no puede realizarse con un Consejo presidido por la Secretaría de Gobernación.

Ramón Aguilera Murguía, director de la Escuela Mexicana de Archivos, también coincidió que lo que se busca es el fortalecimiento del Archivo General de la Nación y la constitución de un Consejo Nacional de Archivos de carácter técnico y no político.

Además, Esteban Landa Rodríguez, de la Asociación Mexicana de Archivonomía (AMA), señaló que el Consejo Nacional no debe estar presidido por la Secretaría de Gobernación; debe calibrarse en un orden político que limite el control de los archivos. Asimismo, recalcó que los problemas que existen en archivos radican en la falta de normatividad en la materia.

Por su parte, Alfredo Ávila Rueda, del Instituto de Investigaciones Históricas (IIH), de la UNAM, resaltó que de acuerdo con la ley los documentos históricos ya no podrán ser catalogados como reservados ni confidenciales; y precisó que es importante homologar esta ley con las otras dos leyes pilares del sistema de transparencia: la Ley General de Transparencia y el proyecto de Ley General de Protección de Datos Personales. 

El diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, Congreso de Guanajuato, destacó que en la norma no se señala que estados y municipios pueden conservar la posesión de los archivos privados de interés público, como en el caso de los particulares, por lo que es importante precisar que las entidades, municipios y alcaldías puedan conservar y preservar el patrimonio documental de la nación generado en sus actuaciones documentales con motivo del ejercicio de sus atribuciones. 

Enrique Chmelnik Lubinsky, presidente de la Asociación Mexicana de Archivos y Bibliotecas Privados, A.C., consideró indispensable establecer en el artículo 60 y no en el Transitorio Décimo Séptimo, que el Consejero Representante de los archivos privados en el Consejo Nacional de Archivos, sea electo entre los miembros de una asociación civil legalmente constituida.

Dante Preisser Rentería, coordinador de Asesores de la Oficina de la Secretaría de la Función Pública, recalcó que la iniciativa prevé que los documentos contenidos en archivos históricos sean públicos y de interés general, por lo que una vez transferidos a un archivo histórico no se clasificarán como reservados o confidenciales. 

Agregó que la sectorización del AGN obedece a la trayectoria institucional y a la necesidad del diseño de políticas públicas que comprenden a los archivos del país que constituyen un tema de Estado.

Rodolfo Alanís Boyzo, director de Administración y Servicios Documentales, dirección general de Innovación del Estado de Finanzas del Estado de México, subrayó que el proyecto es de lo más completo, porque considera los archivos de manera integral, como fuentes de investigación institucional para la toma de decisiones y el despacho de los asuntos públicos, como memoria de las instituciones públicas y patrimonio documental de la nación. 

En estas audiencias públicas también participó Grisel Salazar Rebolledo, en representación de la académica Jacqueline Peschard.