Número-650

• La senadora Martha Tagle destaca que se deben establecer más y mejores sistemas de justicia alternativa.
• Expertos afirman que sería de alto riesgo eliminar la prisión preventiva oficiosa, durante el foro Nuevo Sistema de Justicia ¿Qué falta para su consolidación?

La senadora Martha Tagle Martínez, integrante de la Comisión de Justicia, se pronunció a favor de que se establezcan más y mejores sistemas alternativos del derecho, pues las estadísticas demuestran que el nuevo Sistema Nacional de Justicia Penal Acusatorio (SNJPA) ha permitido que anualmente 30 mil personas eviten la prisión preventiva.

Además, estadísticas de Jurimetría que se dieron a conocer durante el foro “Nuevo Sistema de Justicia ¿Qué falta para su consolidación?”, reportan 170 mil asuntos resueltos por sistemas de justicia alternativa en materia penal, y 70 por ciento de los avances positivos se concentran en Baja California, Ciudad de México, Puebla y Jalisco.

En cuanto a la población penitenciaria, de 2008 a 2016 se ha registrado una disminución en términos generales, al pasar de 263 mil internos a 238 mil, y de estos 60 por ciento de los casos están relacionados con la prisión preventiva. 

En su participación, el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Álvaro Vizcaíno Zamora, expuso que pese a los avances en justicia alternativa, representaría un “absoluto riesgo” pretender eliminar en el corto plazo la prisión preventiva oficiosa.

“El Sistema Nacional de Justicia no está girando a la velocidad que estaba planeada y es necesario echar gotas de aceite”, debido a que no funcionan adecuadamente las unidades de medidas cautelares, responsables de dar información al juez de control para determinar la medida cautelar idónea, incluso éstas no existen en los estados de Aguascalientes, Chiapas y Quintana Roo, aseveró el funcionario.

“México no está preparado para eliminar la prisión preventiva oficiosa, mientras no tengamos unidades de medidas cautelares sólidas, que proporcionen información sobre el riesgo de un imputado. Quitar las medidas cautelares es tanto como quitarle los alfileres a un sistema de justicia y colapsar. Se mandaría un mensaje de impunidad”, sostuvo.

El titular de la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada, Gustavo Salas Chávez y el comisario de la Comisión Nacional de Seguridad, Cuauhtémoc Vázquez González de la Vega, coincidieron en afirmar que sin la prisión preventiva, aumentarían los índices de impunidad.

Salas Chávez destacó que la prisión preventiva oficiosa tiene cabida en un modelo democrático, porque el derecho penal protege garantías y el Estado tiene la obligación de asegurar a la población que habrá certeza jurídica frente a hechos delictivos. 

“Hay nuevas amenazas en el ambiente que nos rodea, hay delincuencia altamente lesiva a los intereses del Estado, pues amenaza la seguridad nacional y la seguridad pública”, destacó al pronunciarse porque se refuercen las prácticas jurídicas que combatan la impunidad.

El director del Centro de Asesoría y Formación en el Sistema de Acusación Adversarial, Fabio Valdés Bensasson, planteó en su turno que en el debate de no se debe anteponer un distanciamiento entre la política y lo jurídico al hablar de las necesidades y prioridades dentro del SNJPA. 

“Se están diciendo cosas peligrosas”, acotó, al pretender ignorar que la responsabilidad de los jueces es dictar sentencias, basadas en las investigaciones que son responsabilidad de las policías y ministerios públicos, de ahí que se deba permitir la prisión preventiva en tanto se avance en las indagatorias, para contrarrestar la impunidad.

“Es cierto que en el Estado de derecho que se construye en el país no hay cabida a la prisión preventiva oficiosa, pero en términos reales no se habla de la abolición de la detención preventiva porque esta es una necesidad, es un mal necesario, porque la impunidad implica la libertad oficiosa”.

En contraparte, el director del Instituto de Justicia Procesal Penal, Javier Carrasco Solís, afirmó que la prisión preventiva oficiosa resulta una contradicción dentro de la Constitución, pues representa una restricción de derechos y, además, va en contra de la presunción de inocencia. 

Destacó que con estas acciones, México va en contra incluso de los tratados internacionales firmados con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que catalogan la prisión preventiva oficiosa como la sujeción anticipada a una posible pena judicial.

Guillermo Zepeda Lecuona, investigador del Colegio de Jalisco, respaldó la afirmación de que el principio de inocencia es una garantía de libertad, sin embargo, a nivel internacional se contemplan también medidas cautelares.

Las medidas cautelares, explicó, las puede dictar un juez para garantizar la comparecencia del imputado y evitar riesgos, como que se obstaculice la investigación o se considere que se puede poner en riesgo a la víctima, “entonces procede la prisión preventiva”.

En el foro participaron también el diputado Abel Murrieta Gutiérrez Villalobos;  el titular de la Unidad para la Consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal del Consejo de la Judicatura Federal, Juan José Olvera; y el representante de la Red Nacional a Favor de los Juicios Orales, Carlos Ríos Espinosa, entre otros.