Número-634

• Se trata de ocho candidatos que expusieron sus propuestas ante la Comisión de Derechos Humanos.
• Legisladoras los cuestionan sobre autonomía de este organismo, situación de los derechos humanos en el país, entre otros.

Los ocho aspirantes que buscan ocupar alguna de las dos vacantes existentes en el cargo honorario de integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) comparecieron este martes ante senadoras, como parte del proceso de designación. 

Las legisladoras Angélica de la Peña Gómez, del PRD y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Silvia Garza Galván, del PAN, y Diva Hadamira Gastélum Bajo y Lucero Saldaña Pérez, del PRI, cuestionaron a los candidatos respecto a temas como la defensa de garantías, autonomía de la CNDH y experiencia en esta materia. Asimismo, sobre investigación académica, colaboración de la CNDH con las comisiones de los estados, competencias de la Comisión y derechos humanos de tercera generación.

Ninfa Delia Domínguez Leal, quien busca ser reelecta en este cargo, manifestó que el problema de violaciones a derechos humanos en México sigue siendo preocupante, especialmente en temas como la violencia hacia las mujeres y la desaparición forzada. Por otro lado, pidió que se sancione a servidores públicos que cometan errores en procesos judiciales que provoquen la libertad de los delincuentes.

En su turno, Víctor Veloz Espejel propuso la creación de un centro de mediación y conciliación de la CNDH, cuyo objetivo será ofrecer atención pronta las presuntas violaciones no graves de los derechos humanos y emitir una resolución expedita. También, planteó la necesidad de que el Consejo Consultivo realice sesiones itinerantes por las diversas regiones del país.

Para Carlos García Carranza el que no existan suficientes oficinas de la CNDH en todo el país, ha ocasionado que las comisiones locales de derechos humanos atiendan asuntos que son facultad de la Comisión Nacional, de ahí, que propuso fortalecer su presencia en el territorio nacional.

José Abel Flores Ramírez expresó que es fundamental mantener la autonomía de la CNDH e impulsar la participación de la sociedad civil. Consideró que existe la necesidad de que la estructura del Sistema de Justicia Penal se fortalezca para que se realicen investigaciones de manera correcta y evitar que haya impunidad, como ha ocurrido en los casos de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, Ayotzinapa o Tlatlaya.

Posteriormente, Armando Hernández Cruz destacó de su propuesta la eliminación en el artículo 19 de la Ley de la CNDH, de las limitaciones a los consejeros para participar en actividades políticas, pues esto impide la posibilidad de aproximarse a autoridades legislativas, por ejemplo, para lograr una mayor promoción de derechos colectivos, como el de vivienda, acceso al agua, etcétera, que han quedado disminuidos al ser más difundida la protección de las garantías individuales.

María Goreti García Herrera expuso por su parte que su principal interés es que dentro del Consejo Consultivo se fortalezca la protección de los indígenas, pues dada su carencia de oportunidades, son objeto de gran discriminación, incluso en las instituciones de gobierno. 

En su turno, Diana Ortiz Trujillo planteó como eje de su proyecto el combate a la violencia política contra las mujeres, a partir de convenios con asociaciones sociales y civiles para elaborar en común programas de capacitación, así como realizar estadísticas que permitan, en principio, contar con datos reales sobre este tipo de agresiones, así como evaluar los avances que se alcancen con las acciones que se emprendan.

Alberto Manuel Athié Gallo expuso que su objetivo es contribuir al fortalecimiento de la CNDH como un órgano autónomo e independiente, para hacer efectiva la protección de todos los mexicanos, frente a cualquier autoridad, incluso de otros países, como el caso de los connacionales que enfrentan las amenazadas del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump.