Número-614

• Plantea reformar el Código Penal Federal para inhabilitar permanentemente a servidores públicos que reincidan en actos de corrupción.
• La iniciativa se turnó a las comisiones de Justicia y Estudios Legislativos. 

El senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del PRD, presentó una propuesta de reforma el artículo 212 del Código Penal Federal, para sancionar a los servidores públicos que reincidan en actos de corrupción.

Propone la “muerte civil” como un nuevo instrumento que sancione de manera proporcional a la corrupción que se ejerce desde el poder. Se aplicará a los servidores públicos o particulares que hayan sido condenados por delitos de corrupción y que reincidan, para que no puedan volver a aparecer en la vida pública.

El concepto de muerte civil fue utilizado en el Derecho de la antigua Roma, para calificar una pena que al imponerse a una persona, esta dejaba de ser considerada viva para todos los efectos jurídicos, a pesar de que permaneciera vivo en los términos biológicos, por lo cual era considerada como una ficción jurídica, señala en su propuesta.

El legislador resaltó que se pretende complementar los supuestos de sanción contenidos en el Título Décimo de los “Delitos por hechos de corrupción” del Libro Segundo del Código Penal Federal, en lo que refiere a las reincidencias por los delitos relacionados con los hechos de corrupción, tanto en los casos de servidores públicos como de los particulares involucrados.

Además, dijo, es una reforma complementaria al Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal en Materia de Combate a la Corrupción, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 18 de julio de 2016. 

El senador Robledo Aburto precisó que hoy la pena máxima por un acto de corrupción es la inhabilitación por 20 años, y en su propuesta busca inhabilitar permanentemente a quien cometa por segunda ocasión un delito relacionado con la corrupción.

Se trata de una inhabilitación definitiva para desempeñar empleo, cargo, comisión público, participación en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, en concesiones prestación de servicios públicos o de explotación o de aprovechamiento o del uso del dominio de la federación, agregó. 

Asimismo, subrayó que el funcionario corrupto no volverá a estar cerca del dinero de los mexicanos. No podrá trabajar en el Estado, desde el gobierno federal, estatal o a nivel municipal, pues se procederá a la suspensión de derechos para ejercer la profesión, oficio, autorización, licencia o permiso o relacionado con actividades relacionadas con las conductas ilícitas que dan origen a la condena. 

La propuesta es oportuna y complementaria a las acciones que se han tomado en torno al combate a la corrupción, argumentó. 

La propuesta se turnó a las comisiones de Justicia y Estudios Legislativos.