Número-582

• Necesario, reforzar no sólo el conocimiento que tiene la población sobre el nuevo sistema de emergencias, afirma legislador del PRI.
• 90 por ciento de llamadas a estos servicios son bromas o improcedentes.

El senador Arturo Zamora Jiménez presentó una iniciativa para tipificar como delito federal el uso indebido de los servicios de emergencia y establecer una pena de dos a cuatro años de prisión, así como una sanción de 100 a 500 días de multa para quien lo cometa. 

Durante la sesión de este jueves, el legislador del Grupo Parlamentario del PRI también propuso facultar al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para implementar campañas de comunicación y sensibilización sobre el uso correcto del número de emergencias nacional 911.

De esta manera, destacó, se podrá reforzar no solo el conocimiento que tiene la población sobre el nuevo sistema de emergencias, sino también sobre las consecuencias negativas económicas, jurídicas y sociales que conlleva su uso indebido.

Con ello, argumentó en las consideraciones del proyecto, “no se pretende imponer sanciones a las personas que por ignorancia utilicen de forma incorrecta a los servicios de emergencia, sino únicamente a aquellas que intencionalmente realicen bromas o reporten incidentes falsos”.

Refirió que, de acuerdo con el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante el primer semestre del presente año se recibieron en México un total de 58 millones 924 mil 507 llamadas a los servicios de emergencia, de las cuales 52 millones 828 mil 320, es decir, el 90 por ciento fueron bromas o improcedentes.

En la tribuna del Senado, Zamora Jiménez destacó que se estima que cada día se realizan 300 mil llamadas improcedentes, lo cual “es muy grave ya que se calcula que nueve de cada 10 llamadas a los servicios de emergencia son falsas”.

Dijo que cuando se hacen llamadas para reportar hechos falsos se desperdician importantes recursos públicos y se pone en riesgo la vida y el patrimonio de quienes sí demandan y requieren servicios de policía, bomberos, protección civil, médicos y paramédicos.

Ante este panorama, planteó reformar diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y del Código Penal Federal, a fin de erradicar las llamadas de broma y falsas a los servicios de emergencia, en el marco de la implementación del 9-1-1 en nuestro país.

Además, propuso establecer la responsabilidad civil de los padres o tutores en caso de que las llamadas de broma o falsas sean hechas por niños o adolescentes.

Por otro lado, con el objetivo de facilitar la instrumentación de estas disposiciones, se plantea establecer como obligación de los concesionarios de los servicios de telecomunicaciones que colaboren con las autoridades correspondientes, para identificar a los suscriptores de las líneas utilizadas para las llamadas falsas o de broma.

La iniciativa se turnó a las comisiones de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos.