Número-531

• El Pleno manifestó también su preocupación por el incremento de homicidios contra integrantes de la comunidad LGBTTTI.
• Aprobó en total nueve dictámenes en materia de derechos humanos.

El Senado de la República aprobó, por separado, dos dictámenes con punto de acuerdo en los que solicita a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y a la Procuraduría General de la República (PGR) informes sobre los avances en las investigaciones de los casos Tlatlaya y Ayotzinapa. 

El primer dictamen avalado por el Pleno pide a la Sedena, a la PGR y al gobierno del Estado de México que remitan un informe sobre el avance de las investigaciones realizadas para esclarecer los hechos acontecidos en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, el 30 de junio de 2014, en el que resultaron muertas 22 personas, tras un enfrenamiento entre presuntos criminales y militares.

De igual forma, la Cámara de Senadores solicita al titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que informe sobre la respuesta de las autoridades y los avances en la implementación de la recomendación No. 51/2014, relativa al caso de Tlatlaya.

El documento aprobado, refiere que los acontecimientos registrados en la comunidad de San Pedro Limón, Tlatlaya, “constituyen uno de los episodios más lamentables en materia de violaciones a los derechos humanos en la historia reciente de nuestro país”.

Por otra parte, el Senado solicita a la PGR un informe sobre la implementación del mecanismo de seguimiento especial del caso Ayotzinapa, que tiene el propósito de dar seguimiento a las recomendaciones del Grupo lnterdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que intervino en este asunto.

A consideración de esta instancia legislativa, las investigaciones y procedimientos penales sobre este caso no han concluido, por parte de las autoridades competentes.

En otro punto de acuerdo, el Senado de la República expresó su preocupación por el incremento de homicidios perpetrados contra personas de la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Travesti, Transgénero e lntersexual (LGBTTTI), debido a su orientación e identidad sexual.

Por lo anterior, exhortó los titulares de las entidades federativas a garantizar la integridad, el respeto y protección de los derechos humanos de las personas de dicha comunidad, y solicitó a los titulares de las procuradurías estatales de Justicia que se aplique el Protocolo de Actuación para el personal, en casos que involucren la orientación sexual o identidad de género.

En otro dictamen, el Senado pide al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación realizar una campaña de difusión masiva, cuyo objetivo sea informar respecto al derecho a la libre personalidad, la diferencia y sana convivencia, a fin de erradicar conductas de odio, alentar la tolerancia y desarrollo de nuestro país.

Asimismo, el Senado solicita al Ejecutivo Federal a que promueva las acciones necesarias para que el Estado mexicano encabece los esfuerzos regionales para asegurar la autonomía financiera y la consolidación del sistema interamericano de protección de los derechos humanos.

Por otra parte, se demandó al gobierno del estado de Oaxaca que informe sobre las acciones instrumentadas para dar cumplimiento a la recomendación número 33/2016 de la CNDH, a fin de garantizar la vigencia de los derechos a la protección de la salud y de la vida de mujeres y de la niñez oaxaqueña.

La Cámara de Senadores exhorta además al Instituto Nacional de Migración, al gobierno del estado de Baja California y a las autoridades competentes del municipio de Tijuana, a dar cumplimiento a las medidas cautelares solicitadas por la CNDH y que continúen brindando orientación y atención, que permita garantizar la integridad y la seguridad de los migrantes nacionales y extranjeros que se encuentran varados en Tijuana. 

Por otra parte, requiere al gobierno de Puebla un informe sobre el cumplimiento de las recomendaciones 56/2013, 2Vg/2014 y 51/2015, emitidas por la CNDH.

Finalmente, el Senado exhorta a los titulares de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, y de las entidades federativas, para fortalecer, y en su caso, crear programas de promoción, capacitación, enseñanza y actualización en materia de derechos humanos, dirigidos a servidores públicos, a fin de robustecer la cultura de respeto y vigencia de los derechos humanos.