Número-399

• Iniciativa para modificar el Código Civil Federal y armonizarlo con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
• Una de cada cinco mujeres menores de edad están casadas, particularmente en comunidades indígenas.

 

En México persiste el matrimonio infantil, debido a que más de 20 entidades no han ajustado sus códigos civiles a lo establecido en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en vigor desde 2014, afirmó la senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del PRD, al proponer reformas al Código Civil Federal.

 

La legisladora recordó que dicha ley establece como edad mínima para contraer matrimonio los 18 años e insta a todas las entidades a homologar su legislación local; sin embargo, sostuvo, en códigos civiles de diversas entidades se registran incluso ambigüedades que permiten aún las nupcias de menores. 

 

Esto es preocupante, apuntó, pues de acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2014, una de cada cinco mujeres menores de edad han contraído matrimonio, situación que se registra particularmente en comunidades indígenas.

 

El Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas (UNICEF) ha advertido que este tipo de matrimonio ocasiona que las niñas abandonen sus estudios y queden embarazadas desde muy temprana edad, lo cual pone en riesgo su vida y la de sus bebés, a tal grado, que las muertes por embarazo prematuro que tienen que ver con esta problemática representan unas 70 mil defunciones en todo el mundo cada año. 

 

Para evitar que esta situación prevalezca en el país, propuso reformas al artículo 148, la fracción I del artículo 156; y la derogación de los artículos 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 173, 181 y la fracción II del artículo 156, del Código Civil Federal. 

 

El objetivo, subrayó, es erradicar el matrimonio infantil en todo el país, al armonizar el Código Civil Federal con las disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, entre otros ordenamientos nacionales y protocolos internacionales.

 

La iniciativa se turnó para dictamen a las comisiones Unidas de Justicia, y de Estudios Legislativos