Número 289

 

• La titular de la Procuraduría General de la República compareció ante la Comisión de Justicia del Senado de la República, en el marco del Glosa del IV Informe de Gobierno. 
• Caso Ayotzinapa, avances en sistema penal acusatorio y violación a los derechos humanos, entre los temas que expusieron los grupos parlamentarios

 

La titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Arely Gómez González, reiteró a senadores que se están explorando todas las líneas de investigación sobre la desaparición de 43 estudiantes en Iguala, Guerrero, y “se siguen concentrando todos los esfuerzos para esclarecer los sucesos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014”, pues se trata de una deuda con los padres de las víctimas y con la sociedad.

 

La funcionaria compareció este lunes ante la Comisión de Justicia del Senado de la República como parte del análisis del IV Informe de Gobierno del Poder Ejecutivo Federal. 

 

En su intervención inicial, Gómez González afirmó a los legisladores que en México no habrá circunstancia alguna que haga que la PGR claudique en su búsqueda por cumplir y hacer cumplir la Constitución, y esta voluntad de transparencia y rendición de cuentas es indispensable en sucesos dolorosos como los ocurridos en Iguala y que han afligido profundamente a nuestra nación.

 

Dio a conocer que se han cumplido 93 por ciento de las 941 peticiones realizadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, que las observaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos fueron aceptadas y se han estado atendiendo en coordinación con esa institución.

 

La procuradora agregó que se ha emprendido una investigación exhaustiva sin precedentes que, a esta fecha, comprende 271 tomos, 851 acciones de búsqueda, mil 705 intervenciones periciales, la toma de 951 declaraciones, 135 muestras de ADN y 20 cateos, lo que ha derivado en la consignación de más de 160 personas y más de 120 detenidos.

 

Dijo que se utilizan tecnologías de última generación como el sistema LIDAR para que, en compañía de los representantes legales y forenses de los padres, se ubiquen posibles lugares en donde pudieran encontrarse fosas clandestinas. Además, se ha profundizado el rastreo de llamadas entrantes, salientes, así como las ubicaciones y desplazamientos de más de dos mil 300 números telefónicos.

 

En este sentido, Arely Gómez expresó su confianza en que pronto se tengan resultados ministeriales a raíz de estos nuevos elementos.

 

En el encuentro, aseveró que los derechos humanos se protegen con acciones concretas, así como mediante el abandono de prácticas que constituyen transgresiones a estos derechos. Para ello, añadió, impulsó la aprobación de protocolos homologados para la búsqueda de personas desaparecidas y la investigación de los delitos de desaparición forzada de personas y de tortura, publicados el 23 de septiembre del 2015.

 

En materia de arraigo, informó que esta medida preventiva se redujo en 98 por ciento y que el número de testigos colaboradores, mejor conocidos como testigos protegidos, disminuyó 94 por ciento.

 

Además, destacó que desde el comienzo de su encargo se han iniciado dos mil 358 expedientes en las áreas de control interno, derivados de probables conductas irregulares desde el punto de vista administrativo, lo que representa un incremento del 48 por ciento en la investigación, en comparación con el promedio mensual de expedientes iniciados en años previos.

 

En el periodo que va del 1 de septiembre de 2015 al 30 junio de 2016, enfatizó, se consignaron 156 averiguaciones previas por la comisión de conductas posiblemente constitutivas de un delito, por parte de servidores públicos de la institución y se ejerció acción penal contra 209 personas.

 

Por lo que hace a las obligaciones constitucionales y legales de la Procuraduría General de la República, la funcionaria comentó que el 18 de junio de 2016 se alcanzó el 100 por ciento en el proceso de implementación del sistema de justicia penal.

 

“La eficacia en la procuración de justicia demanda un sólido entramado normativo que siente las bases, las reglas y los principios para atender a las víctimas del delito y asegurar sus derechos humanos, incluyendo el de acceso a la justicia”, consideró Gómez González.

 

Al fijar la posición del Grupo Parlamentario del PRI, la senadora Ivonne Álvarez García, reconoció el avance que ha tenido la Procuraduría en la implementación del sistema penal acusatorio a nivel local, estatal y federal, y que este ayuda a consolidar la impartición de justicia pronta y expedita.

 

Reconoció que, si bien hay avances en la procuración de justicia, hay hechos que afectan a la sociedad y que demandan al Estado una respuesta contundente dentro del marco legal, como es la desaparición de los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa, que la Procuraduría continúa investigando.

 

La senadora María del Pilar Ortega Martínez, del Grupo Parlamentario del PAN, aseguró que México sigue siendo referente internacional en materia de violación a los derechos humanos y al mismo tiempo señaló que los mexicanos continúan esperando respuestas a casos como el de Ayotzinapa; ¿cuáles son los avances en el tema? y ¿qué respuesta se les ha dado a los padres de los 43 estudiantes?, preguntó.

 

La legisladora también hizo referencia a las fosas clandestinas encontradas en Coahuila, con tres mil 147 restos humanos, aparentemente enterrados por el crimen organizado. Además, se refirió al aumento en la incidencia delictiva en el fuero federal, en los secuestros, robo con violencia y extorsión, entre otros. Aunado a esto cuestionó la posición de la Procuraduría sobre el presupuesto para la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción.

 

Por el Grupo Parlamentario del PRD, la senadora Angélica de la Peña Gómez dijo que se ve con satisfacción que Tomás Zerón saliera de la institución, porque es el artífice de lo que se ha señalado como el “gran error de la PGR al querer tergiversar lo que aconteció en Ayotzinapa y contra los 43 estudiantes”. Agregó que es importante dar a conocer qué ha pasado con los acuerdos del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI), sobre el caso con el propósito de llegar a la verdad y justicia.

 

La senadora perredista también se refirió a casos como Tanhuato, Tlatltaya, Nochixtlán y San Fernando, así como el de Coahuila, señalado por la senadora Ortega. En este sentido, advirtió que de no haber una respuesta puntual a los hechos, todas las instituciones podrían sufrir un resquebrajamiento, situación que no es nada buena para la República, pues se tiene que hablar y llegar a la verdad, con lo que se abonará a la correcta transformación de la PGR a la Fiscalía General de la República.

 

Al fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario del PT, el senador David Monreal Ávila aseguró que uno de los principales retos de esta institución es el de recuperar la confianza en la población. “Es innegable que la ciudadanía no acude a levantar sus denuncias sencillamente porque no tiene confianza, la aplicación y homologación de la procuración de justicia sigue estando rezagada”.

 

Es fundamental que la titular de la PGR realice todas aquellas tareas pendientes que estén encaminadas a erradicar la corrupción desde el ámbito de su competencia, no sólo ejerciendo su facultad de atracción ante los casos relevantes, sino también haciendo todo lo posible para que se apliquen las leyes en los casos concretos, precisó.

 

El senador del Grupo Parlamentario del PVEM, Carlos Alberto Puente Salas, manifestó que el compromiso de Arely Gómez al frente de la PGR ha permitido transformar la procuración de justicia en México, ya que impulsó la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, a través del cual se ha estimulado la creación de unidades administrativas y de investigación, con el fin de proteger, promover, respetar y garantizar los derechos humanos, particularmente los de las víctimas.

 

El legislador refirió que la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Ciudadana revela que la PGR subió 8.2 puntos porcentuales en la percepción ciudadana; “es admirable que a tan sólo año y medio al frente de esta institución, la confianza de la ciudadanía haya dado un giro sustancial”.