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Los senadores recordaron que en enero pasado se observó un recrudecimiento de las acciones de la delincuencia organizada en esa ciudad fronteriza, en donde se registró el asesinato de 11 agentes policiales.
Consideraron que una posible causa de esta escalada violenta está asociada con la amenaza hecha por el Nuevo Cártel de Juárez, “de que matará a un policía diario mientras no renuncie a la Secretaría de Seguridad Pública el teniente coronel Julián Leyzaola”.
Asimismo, señalaron como probable hipótesis la “traición” de elementos policiales, “quienes siguen trabajando de la mano con la delincuencia organizada”, como lo ha declarado en diversas ocasiones el titular de dicha dependencia juarense.
Por ello, los legisladores destacaron la importancia de que las autoridades municipales, estatales y federales concluyan el proceso de depuración de los elementos de esa institución e implementen medidas de protección permanentes de los agentes policiales y sus jefes.
En el dictamen aprobado se menciona que el acuartelamiento que llevan a cabo los agentes municipales en tres hoteles de la localidad desde el primero de febrero, es una de las medidas adoptadas para protegerlos de los atentados.
Sin embargo, preguntaron ¿Por cuánto tiempo habrá de permanecer esta medida? ¿A cuánto habrá de ascender la erogación por este concepto? ¿Cómo habrá de soportarse dicho gasto? Y ¿Qué medidas alternas se están diseñando para lograr la protección permanente de los agentes y sus familias?
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