Número-255

• La iniciativa transfiere la impartición de justicia laboral al Poder Judicial en el ámbito local y federal, en sustitución de las Juntas de Conciliación y Arbitraje.
• Senadores del Grupo Parlamentario del PRD votaron en contra del dictamen por considerar que se afecta el derecho de huelga.

 

Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia, de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Segunda, aprobaron, con el voto en contra de senadores del Grupo Parlamentario del PRD, el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 107 y 123 de la Constitución Política, sobre justicia cotidiana en materia laboral.

 

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Enrique Burgos García, dijo que la iniciativa transfiere la impartición de justicia laboral al Poder Judicial en el ámbito local y federal, en sustitución de las Juntas de Conciliación y Arbitraje.

 

Consolida la función de conciliación y organiza el esquema en el nivel federal y estatal, y crea un organismo federal descentralizado de conciliación con autonomía de gestión y presupuestal, con facultades en el orden nacional para el registro de organizaciones sindicales y de contratos colectivos de trabajo,

 

A nivel local, los organismos constituidos contarán con funciones conciliatorias y será requisito que pase por estas instancias cualquier acción con el órgano jurisdiccional.

 

Adicionalmente, señaló, se busca fortalecer el voto de los trabajadores en la elección de sus dirigencias gremiales, en la resolución de conflictos entre sindicatos y solicitud de suscripción de contratos colectivos.

 

El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, Miguel Barbosa Huerta, hizo un llamado “a la reflexión” para revisar el artículo 123, apartado A, fracción 18, toda vez que se agregó una precisión para solicitar que, antes de que un sindicato emplace a huelga, acredite la mayoría de la representación de los trabajadores.

 

El senador señaló que este agregado, no estaba previsto en la iniciativa enviada por el titular del Ejecutivo; la verificación de una mayoría es nuevo y afecta de forma general al derecho de huelga. “El hecho de que tenga que haber una verificación previa al emplazamiento, anula en los hechos, el emplazamiento a huelga”, sostuvo.

 

La posición del senador Barbosa fue respaldaba por sus compañeros de bancada Luis Humberto Fernández Fuentes, Luis Sánchez Jiménez, Zoé Robledo Aburto, Armando Ríos Piter y Angélica de la Peña Gómez.

 

Por su parte, el secretario de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, senador del PAN Javier Lozano Alarcón, manifestó que la reforma constitucional representa un cambio estructural porque administrativamente, las juntas de conciliación y arbitraje dependen del Poder Ejecutivo y serán transferidas al Poder Judicial.

 

Detalló que el organismo encargado de los procesos en materia laboral, será elegido por el Senado de la República, a propuesta del Ejecutivo Federal, y contará con el registro de asociaciones de sindicatos, de sus directivas a nivel nacional y local, así como del registro de los contratos de colectivos de trabajo.

 

El senador del Grupo Parlamentario del PRI, Isaías González Cuevas, indicó que el dictamen modifica la iniciativa del Presidente de la República, coarta la libertad de los trabajadores y no se apega al Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo.

 

Estamos a favor de la iniciativa del Presidente, pero no del texto que fue agregado y de quedarse habrá grandes problemas, se acabará la estabilidad laboral que existe en el país, expresó.

 

El senador del PRI, Tereso Medina Ramírez dijo se deben conservar en esencia los grandes derechos de los trabajadores como la sindicalización, huelga y las utilidades, “necesitamos un sindicalismo responsable con los trabajadores, el empleo y la estabilidad laboral”.

 

La senadora independiente Martha Tagle Martínez señaló que se están planteando contradicciones en el dictamen, ya que por una parte busca avanzar en el crecimiento de los derechos a la sindicalización, pero por otra anula la posibilidad de huelga por una verificación o emplazamiento previo.