Número-220

• Hay alrededor 280 mil personas desplazadas entre 2011 y 2015 en nuestro país, advierte senadora Gabriela Cuevas Barron.
• Se trata de un problema que existe en México y que directa o indirectamente está vinculado con múltiples violaciones a los derechos humanos: CNDH.

 

Senadores de la República, organizaciones civiles y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) destacaron la necesidad de contar con un marco legal que reconozca el desplazamiento forzado interno, elaborar un diagnóstico sobe el problema y establecer políticas públicas serias para atenderlo.

 

En la presentación del Informe Especial de la CNDH sobre desplazamiento forzado interno, la senadora Gabriela Cuevas Barron, afirmó que desde 2002, “México ya debía rendir cuentas ante organismos internacionales por las personas que se encontraban desplazadas de manera forzada”.

 

Refirió que algunos estudios estiman que hay alrededor 280 mil personas desplazadas entre 2011 y 2015 en nuestro país, y que de ellas 160 mil personas “se vieron en la necesidad de movilizarse a causa de la violencia criminal”.

 

“Me queda claro –dijo la legisladora del Grupo Parlamentario del PAN– que hay quienes no quieren ver esta realidad por miedo a reconocer la situación de violencia en la que se encuentran algunos estados”.

 

Señaló que al “pretender tapar el sol con un dedo”, lejos de encontrar una solución, se puede presentar una realidad mucho más cruel, “en la medida en que las autoridades deciden no ver el problema y que no querer ni siquiera emitir una legislación al respecto”.

 

Cuevas Barron afirmó que sólo tres de las 32 entidades han aprobado algún tipo de legislación en esta materia: Chiapas, Oaxaca y Guerrero, por lo que hace falta un marco legal que reconozca esta problemática en todo el territorio nacional.

 

El senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del PRD, comentó que el reporte de la CNDH es un paso fundamental para que las instituciones públicas de nuestro país asuman la existencia del fenómeno y la responsabilidad que conlleva para todos los niveles de gobierno la atención conforme a estándares internacionales.

 

Coincidió en que el desplazamiento interno forzado es una violación de los derechos humanos que conlleva múltiples transgresiones, sobre todo cuando no se han puesto en práctica políticas y programas para prevenir y poderlo atender con soluciones duraderas.

“Es hora de que en México comencemos a entender que los desplazados internos no son migrantes, no son damnificados, son víctimas, sí, pero víctimas de un específico tipo de violación a sus derechos”, manifestó.

 

Al presentar el Informe Especial de la CNDH, el Quinto Visitador General del Organismo, Edgar Corzo Sosa, asentó que se trata de un problema que existe en México y que directa o indirectamente está vinculado con múltiples violaciones a los derechos humanos y que requiere ser visibilizado, debidamente dimensionado y atendido.

 

Dijo que los desplazamientos internos en el país no siempre son consecuencia de violaciones a los derechos fundamentales.

 

Sin embargo, agregó, la violencia, inseguridad, impunidad y, en términos generales, la debilidad del Estado de derecho y la falta de condiciones adecuadas para el debido desarrollo de las personas, han propiciado que en diversas regiones del país un número considerable de mexicanos abandonen sus lugares habituales de residencia para buscar, no sólo mejores condiciones de subsistencia, sino muchas veces cuestiones tan básicas como preservar su vida e integridad física, así como la de su familia.

 

Corzo Sosa dijo que en el reporte de la CNDH se da cuenta del reconocimiento “bastante directo” de cerca de 90 mil personas que han sido víctimas de desplazamiento forzado interno; un dato que se obtuvo con base a una metodología elaborada por ese organismo, solicitudes de información a distintas autoridades estatales y municipales y el análisis de diversos informes emitidos por organizaciones nacionales e internacionales.

 

Dicha estimación, enfatizó el Quinto Visitador, “sólo es una muestra, que demuestra que hay desplazamiento forzado interno en nuestro país”. Afirmó que es necesario un reconocimiento oficial de este problema, la adopción de una postura unívoca en este sentido y la implementación de acciones específicas y políticas públicas para tratar el fenómeno.

 

“Debemos llegar a la existencia de un registro nacional, al establecimiento de medidas de asistencia humanitaria de una forma inmediata. Si hay víctimas desplazamiento forzado interno deben de tener una atención humanitaria, que no debe ser motivo de ninguna discusión, en ningún momento”, asentó.

 

Propuso realizar una reforma constitucional para sentar las bases y dar la viabilidad de una ley general sobre esta materia.

 

Maricela Contreras Julián, diputada del Grupo Parlamentario del PRD, enfatizó que se necesita un enfoque integral y no de esfuerzos aislados, porque muchas de las tareas que tendrían que realizar los gobiernos para atender el desplazamiento forzado interno las hacen organizaciones civiles.

 

Por su parte, Jaime Rochín del Rincón, presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, insistió en la urgencia de reformar la Ley de Víctimas para atender algunos aspectos del desplazamiento interno.

 

Brenda Pérez, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, dijo que a junio de este año “hemos identificado 11 desplazamientos masivos”, con al menos seis mil personas, y en al menos 15 estados de la República.

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