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Al inaugurar los trabajos de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EuroLat), manifestó que en ambos lados del Atlántico “sufrimos por los efectos devastadores de la producción, consumo y tráfico de drogas”.
Por ello, puntualizó que la inseguridad que aqueja a nuestras naciones sólo será controlada “si logramos construir políticas públicas integrales, que pongan por supuesto un énfasis en lo social”.
Requerimos --agregó-- una mayor colaboración entre nuestras regiones y autoridades, lo que incluye a los parlamentos de los dos continentes.
En este sentido, mencionó que existen tres retos en la agenda global: el primero es el buen manejo de la economía, para lo cual externó su deseo de que las dificultades que enfrentan los países de la zona Euro se resuelvan lo más pronto posible, “a fin de dar un respiro a la economía mundial”.
En opinión de González Morfín el segundo desafío es consolidar la democracia como una forma de gobierno regional y el tercero el de la seguridad como un problema de dimensiones globales.
Por ello, destacó que la Euro-Lat permitirá no sólo intercambiar puntos de vista e información sobre los fenómenos y retos que nos esperan, sino ofrecer un espacio ideal para proponer alternativas legislativas a los mismos.
Por su parte, el senador José Guadarrama Márquez, co-presidente de la Comisión de Asuntos Políticos, Derechos Humanos y Seguridad, destacó que de acuerdo con algunos organismos internaciones, la denominada guerra contra las drogas, sustentada esencialmente en un enfoque represor y punitivo de los consumidores, ha demostrado su absoluto fracaso.
Expresó que el negocio de las drogas responde esencialmente a la solides de la demanda existente en Estados Unidos y la Unión Europea, así como a la estabilidad de la oferta proveniente de México, Colombia, la región andina, América Central y de algunos países del Cono Sur.
Lo anterior, externó, demuestra claramente que las políticas y el enfoque adoptado hasta el día de hoy no sólo no han logrado reducir los volúmenes de droga en el mercado sino que tampoco han sido capaces de abatir la necesidad de consumo de muchas de nuestras sociedades.
Por ello, cuestionó si los parlamentos están dispuestos a aceptar la despenalización de ciertas drogas y el establecimiento de un régimen más flexible, ya que puede “ser la única alternativa y la más inteligente para debilitar a los carteles de la droga y con ello comenzar a atender desde una mejor posición y con mayores recursos las aristas del fenómeno”.
A su vez, la canciller Patricia Espinosa Cantellano explicó que la estrategia del gobierno mexicano contra de la delincuencia organizada y el narcotráfico se basa en tres ejes de acción que contemplan el combate a los criminales, el cual “es necesario e indispensable para contribuir a la seguridad de las familias mexicanas”.
De igual forma, se enfoca en la construcción de instituciones “confiables y sólidas” en materia de seguridad, así como la recuperación del tejido social a través de políticas sociales encaminadas a fortalecer las oportunidades para los jóvenes.
Sin embargo, la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores dijo que el gobierno de México y “el propio presidente de la República” han manifestado “en repetidas oportunidades su disposición a participar y abrirse” al debate de la legalización o despenalización de las drogas.
Empero --aclaró-- ese debate tiene que profundizar sobre las distintas características de este fenómeno y tomar en cuenta que el negocio del crimen organizado no está solamente dirigido al tráfico de ciertas drogas.
El crimen organizado tiene una “diversidad enorme de actividades” que desafortunadamente “nos lleva a pensar que una acción que sea dirigida sólo a una parte de éstas pues no nos permitiría terminar con el problema, pero el debate hay que darlo y promoverlo a nivel internacional”, añadió.
En tanto, el eurodiputado Agustín Díaz de Mera dijo que el crimen organizado actúa en ambas regiones con actividades que van desde el tráfico de drogas, de personas, obras de arte, órganos, secuestro, prostitución, ventas ilegales de petróleo, hasta el lavado de dinero en pequeños negocios y en movimientos políticos.
Asimismo, reconoció que Europa es “lamentablemente el eslabón del consumidor”, debido a que “somos el segundo mercado de cocaína más grande del mundo y no estamos contentos por ello”.
Ante este panorama, consideró que las estrategias que se aplican actualmente en contra del crimen organizado y del narcotráfico “evidencian que no estamos en el camino correcto y que debemos establecer una corrección de rumbo, ya que si no se reduce la demanda no se podrá aspirar a reducir la producción”.
En su oportunidad, la diputada centroamericana Gloria Oquelí advirtió que la guerra contra el narcotráfico no se podrá ganar mientras “nosotros y nosotras sigamos poniendo los muertos y los consumidores continúen financiando a los criminales por medio del consumo”.
Asimismo, aseguró que toda respuesta o iniciativa para enfrentar al crimen organizado debe partir de nuestra propia realidad y no pretender imponer modelos que impliquen “nuestro propio sacrificio a cambio de eximir a los países consumidores que en gran medida son corresponsables del problema”.
La senadora priista Rosario Green Macías expuso que de acuerdo a organizaciones latinoamericanas, se debe considerar la posibilidad de la legalización o despenalización de las drogas como una posible estrategia menos costosa tanto en términos financieros como humanos.
Recalcó que la solución sólo se puede avizorar al adoptar posiciones compartidas y solidarias de cooperación con “nuestros pares europeos, pues a pesar del peso abrumador que ejerce Estados Unidos en el flujo internacional de drogas el carácter transnacional del problema no se agota en la relación con ese país”.
Por último, el parlamentario español José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra informó que
200 millones de personas en el mundo se ven afectadas por el crimen organizado, mientras que cada año se registran 200 mil víctimas, además de que un porcentaje “importantísimo” del PIB mundial se encuentra en manos de las redes que trafican con estupefacientes.
Aunado a ello, recordó que Europa vive una crisis económica, social, de confianza, “es decir una crisis sistémica que seguramente será la más profunda que hemos vivido desde la fundación de nuestro proyecto”.
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