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Los senadores consideraron que el documento, aprobado por el Senado de la República y devuelto con modificaciones por la colegisladora en noviembre de 2011, “representa un gran avance que permitirá una comunicación eficaz entre los tres órdenes de gobierno y facilitará la búsqueda de personas desaparecidas”.
Explicaron que este registro funcionará como un instrumento del Sistema Nacional de Seguridad Pública para organizar y concentrar la información en una base de datos electrónica sobre personas extraviadas o desaparecidas, así como de aquellas que se encuentren en establecimientos de atención, resguardo, detención o internación de las cuales se desconozcan sus datos.
Además, señalaron que la ley define a la persona extraviada como aquella que por circunstancias ajenas a su voluntad o que desconoce o no recuerda sus datos de filiación, identidad y domicilio.
También, considera a una persona desaparecida a aquel individuo que, con base en información fidedigna de familiares o conocidos, la hayan dado por desaparecida, lo que puede estar relacionado con una situación de violencia o disturbios de carácter interno, entre otras situaciones.
El presidente de la Comisión, el senador panista Felipe González González, indicó que uno de los cambios realizados por la colegisladora a la propuesta original establece que las personas extraviadas o desaparecidas y sus familiares no podrán ser discriminados en razón de su origen étnico o nacional, de género, edad, discapacidades o condición social.
Asimismo, por sus condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
El Registro Nacional establecerá un apartado de consulta accesible al público en general y dispondrá de espacios de buzón para recibir información que se proporcione por la ciudadanía, añadió.
Además, funcionará las 24 horas, los 365 días del año y podrá ser consultado vía telefónica o a través de la página electrónica que para el efecto se diseñe y la autoridad competente podrá solicitar la colaboración de los medios de comunicación, así como el apoyo de empresas de telefonía móvil para difundir casos a través de mensajes de texto.
Que procuraduría social elabore padrón de huérfanos por violencia en el país.
Posteriormente, los senadores ratificaron un exhortó a la Procuraduría Social de Atención a Víctimas del Delito para que elabore un padrón del número de huérfanos por violencia registrados en el país.
De igual forma, acordaron solicitarle un informe sobre las acciones y programas emprendidos para atender a esta población vulnerable.
Los legisladores mencionaron que de acuerdo a un análisis hecho por la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, la lucha contra el crimen organizado ha dejado un saldo de 10 mil menores huérfanos y 120 mil personas desplazadas.
Sin embargo, subrayaron que algunas referencias periodísticas señalan entre 50 mil y 60 mil huérfanos dejados “por esta guerra contra el narco”.
En el documento aprobado se resalta que el combate a la delincuencia ha traído consigo violencia y un número indeterminado de huérfanos que sufrieron el asesinato o desaparición de algunos de sus padres por parte de la delincuencia organizada.
Aunado a ello, se menciona que han quedado en la misma situación las hijas e hijos de supuestos o probados delincuentes que han fallecido en diversos enfrentamientos acontecidos en el país.
Por ello, manifestaron que los huérfanos son un sector de la población que resulta ineludible atender “pues están en una condición extraordinaria de desprotección y dicha marginación a la que se ven sometidos les impide acceder a derechos que por ley merecen”.
Se debe atender a los huérfanos del país independientemente si son familiares o no de los criminales porque en estricto sentido ellos no tienen la culpa ni la responsabilidad directa de que sus progenitores hayan optado por salidas equivocadas, añadieron.
Piden que autos blindados sean registrados.
En otro tema, los legisladores avalaron otra minuta que modifica la Ley del Registro Público Vehicular, a fin de que las empresas dedicadas al blindaje de vehículos asignen un número de identificación integrado de conformidad con la norma oficial mexicana respectiva.
Con ello, explicaron, quienes fabriquen, ensamblen o blinden vehículos en el territorio nacional deberán establecer a éstos un número de identificación, “que será un elemento de identificación en el registro y estará integrado de conformidad con la norma oficial mexicana respectiva”.