Número-128

  • Con ello se ratifica el Estado de derecho y se da certidumbre jurídica a todos los involucrados, asegura senador Manuel Cárdenas Fonseca.

 

El Senado de la República solicitó al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) que suspenda, de manera pronta y expedita, todas las actividades relacionadas con el proyecto “Planta de Amoniaco 2200 TMPD, en Topolobampo, Sinaloa”, de la empresa Gas y Petroquímica de Occidente.

 

Al aprobar un punto de acuerdo en la sesión de hoy, pidió al titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) que cumpla, de manera pronta y expedita, la suspensión definitiva otorgada por el Juzgado Segundo de Distrito en el estado, del Consejo de la Judicatura Federal, dentro del juicio de garantías 952/20015, que “no se observa que afecte a la inversión”.

 

Además, solicitó al titular de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas que realice el programa de manejo correspondiente al sitio Ramsar Lagunas de Santa María-Topolobampo-Ohuira y del Área Natural Protegida Islas del Golfo de California.

 

Ello, conforme a la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos del 13 de abril de 2016, con la petición de que se indiquen fechas, plazos y acciones que se llevarán a cabo, “indicando el nombre y cargo de o de los funcionarios responsables”.

 

También pidió a la titular del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático que emita una opinión técnica sobre las actividades de riesgo ambiental que se desarrollan en las inmediaciones del sitio Ramsar “Lagunas de Santa María Topolobampo-Ohuira”.

 

Lo anterior, con la inclusión de la definición precisa de la franja de seguridad que debe existir en un proyecto de esta magnitud para garantizar la sostenibilidad de los ecosistemas contenidos en la bahía e islas de la Laguna de Ohuira, conforme al Convenio sobre la Diversidad Biológica y los criterios nacionales o internacionales aplicables

 

Al presentar la propuesta, de urgente resolución, el senador Manuel Cárdenas Fonseca aseguró que con este acuerdo se ratifica el Estado de derecho y se da certidumbre jurídica a todos los involucrados, independientemente de que sean grupos minoritarios, poblaciones indígenas, región de pescadores o importantes inversionistas.

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