Comisiones de Salud forman alianza para evitar recorte presupuestal al sector
Número-127
- El senador Salvador López Brito y la diputada Melissa Torres Sandoval, presidentes de dichas comisiones, se pronuncian por etiquetar recursos del IEPS.
- Legisladoras destacan la necesidad de establecer formas de revertir la discrecionalidad en el uso de recursos del Ramo 12 y del Seguro Popular
La Comisión de Salud en el Senado de la República conformará, junto con su homóloga en la Cámara de Diputados, un grupo de especialistas para analizar la forma en que se evite el recorte al presupuesto del Sector Salud en 2017, como podría ser etiquetar a programas médicos los recursos que se obtienen a través del Impuesto Especial a Productos y Servicios (IEPS) aplicado a bebidas azucaradas.
De igual forma se analizará la transparencia y efectividad en la aplicación de recursos en el Ramo 12 y en el Seguro Popular, a fin de eliminar cualquier viso de discrecionalidad que afecte las finanzas del Sector Salud, lo cual permitirá sumar más recursos a programas de prevención y atención médica de la población.
Así lo anunció el presidente de la Comisión de Salud, Francisco Salvador López Brito, durante la Mesa de análisis legislativo “Fortalecimiento del Presupuesto en Salud”, en la que participó la presidenta de la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados, Melissa Torres Sandoval, quien destacó la necesidad de que ambas cámaras “conformen un alianza, en este momento crítico” ante el recorte presupuestal.
El senador López Brito precisó que en tres años los IEPS generaron ingresos por 51 mil 788 millones de pesos, pero se incumplió el compromiso del gobierno de asignarlos a infraestructura de abasto de agua para las poblaciones, como bebederos en las escuelas.
En 2016, abundó, se prevé que el gravamen a las bebidas azucaradas generará recursos por más de 21 mil millones de pesos, con los cuales se puede revertir en gran medida el recorte que se pretende realizar a la atención médica de la población.
El legislador del Grupo Parlamentario del PAN hizo énfasis en que, en menos de tres años, el gobierno federal ha aplicado recortes por más de 23 mil millones de pesos al presupuesto en Salud, a lo que se debe sumar el subejercicio en la aplicación de recursos.
En la propuesta de Presupuesto 2017 presentada por el Ejecutivo, puntualizó el senador López Brito, se impacta al Ramo 12, destinado a los estados, pues se le resta entre 7.87 y 9.20 por ciento, y al Seguro Popular, que protege a más de 50 millones de mexicanos, se le ajustan los recursos en 8.9 por ciento.
Otra de las grandes preocupaciones, enfatizó, es que se reducen los recursos a 24 hospitales fundamentales en la atención médica, destacándose el Instituto Nacional de Cancerología, Hospital General Doctor Manuel Gea González, Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca y el Instituto Nacional de Nutrición.
Las senadoras Martha Tagle Martínez, independiente; Cristina Díaz, del PRI; y Martha Palafox, del PT, coincidieron en que un grave problema es la discrecionalidad con que se manejan recursos, en particular del Ramo 12, destinado a los gobiernos en los estados.
Apuntaron que el Ramo 12 se ha convertido en la “caja chica” de los gobernadores, a quienes acusaron de ejercer una mayor opacidad en los recursos de salud luego de que el Congreso determinó que, para garantizar una mayor transparencia, la compra de medicamentos se realizara de manera consolidada por la Secretaría de Salud.
La legisladora Díaz Salazar puntualizó que es necesario también revisar la aplicación de recursos en el Seguro Popular, pues en este programa se registra también una gran discrecionalidad por parte de los gobiernos estatales, lo que ha impedido
La senadora Andrea García García recalcó que, de la reducción por 11 mil 592 millones de pesos, sólo 665 millones de pesos afectan actividades de apoyo administrativo y ampliación de oficinas, lo cual contrasta con el ajuste de ocho mil 792 millones de pesos a diversos programas como Fortalecimiento de la Atención Médica, Prevención y Control de Sobrepeso y Obesidad, y de Prevención y Atención Contra las Adicciones.
El gasto en salud, refrendó, no ha crecido conforme a las necesidades de la población y esto se refleja en un atraso en el acceso a la atención, uso de tecnologías, desarrollo de la investigación, crecimiento de infraestructura, y en deficiencias de la cobertura de insumos y medicamentos, problemas que serán mayores al contar con menos recursos.
La presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, Martha Elena García Gómez, advirtió que los recortes no pueden estar por encima de la ley que protege las garantías de los infantes, por lo que se sumó a la propuesta de analizar los diversos canales para fortalecer el presupuesto al Sector Salud.
Subrayó su rechazo a que no se apruebe recorte alguno a los programas de prevención, “sobre todo si se considera el panorama que actualmente se presenta en nuestro país, como ejemplo, la alta tasa de embarazos en adolescentes sólo se podrán contrarrestar con programas eficientes”.
La senadora María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del PVEM, resaltó que en la revisión al presupuesto es necesario fortalecer los servicios médicos de primer nivel, pues se registra una gran fuga de recursos en unidades médicas familiares, donde no se cumple el objetivo de atender padecimientos no graves, ni la detección oportuna de enfermedades crónicas graves, ni el abasto de medicamentos.
Refirió que existen obstáculos como que las unidades médicas laboren, por turno, un promedio de ocho horas, tiempo insuficiente para atender a los pacientes, quienes saturan hospitales de primer nivel donde buscan atención, aun cuando no registren una enfermedad severa.
Ello, concluyó, representa una gran fuga de recursos pues los hospitales de primer nivel canalizan personal médico y medicamentos a personas que no requieren una atención especializada, y que podrían ser mejor atendidas en las clínicas.
En la mesa de análisis participaron, entre otros, el representante de la Red de Acceso, Luis Manuel Encarnación Cruz; Ciro Murayama Rendón, autor del libro “Los determinantes sociales de la salud en México”; Alejandra Macías Sánchez, del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria; Daniela Díaz Echeverría, de Fundar; Blanca Rico Galindo, de Funsalud; Gregorio Martínez Narváez, del Consejo Asesor Científico y Médico del ISSSTE; el consultor independiente Eduardo González Pier; y Jesús Waldo Martínez Soria, del Instituto Belisario Domínguez del Senado.
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