Número-125

• Uno de los rubros que resultarían más afectados por el recorte al gasto público corresponde al de los pueblos originarios, afirma legislador del PRI.
• Las cifras sobre el presupuesto indígena que se presentan en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 son de alta preocupación, advierte.

 

El senador Sofío Ramírez Hernández presentó un punto de acuerdo para solicitar a la Cámara de Diputados que en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2017 se asignen recursos suficientes para la atención y desarrollo de las comunidades indígenas.

 

El legislador del Grupo Parlamentario del PRI dijo que uno de los rubros que resultarían más afectados por el recorte al gasto público corresponde al de los pueblos originarios, uno de los grupos más vulnerables de este país.

 

Mencionó que “las cifras sobre el presupuesto indígena que se presentan en el PEF 2017 son de alta preocupación”, pues en el presupuesto transversal para el siguiente año hay una reducción global del 12.86 por ciento.

 

En la exposición de motivos de la iniciativa, Ramírez Hernández destacó que, en el 2016, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) ejerció 11 millones 900 mil pesos; sin embargo, en el 2017 se programan únicamente cinco millones 800 mil pesos. La reducción asciende a seis millones 100 mil pesos que representan el 51.21 por ciento del total.

 

Dijo que en las dependencias gubernamentales que son parte del “presupuesto transversal para pueblos indígenas”, se presentan importantes recortes: de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes hay una reducción de 69.88 por ciento; la Secretaría de Economía 100 por ciento; la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 58.36 por ciento; y a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 30.94 por ciento.

 

Este tipo de medidas, asentó en el documento, son contrarias a lo planteado por el propio Jefe del Ejecutivo Federal en su Cuarto Informe de Gobierno, donde se señala que en “el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se establecieron tres estrategias transversales: democratizar la productividad; un gobierno cercano y moderno, y perspectiva de género, las cuales inciden en la conducción de todos los programas y políticas de la gestión pública”.

El punto de acuerdo se turnó a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para su análisis y dictamen correspondiente.                  

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