Número-074

• El Senado refirió que se realizó el otorgamiento indebido de múltiples contratos desde el año 2014, para la realización de obras de infraestructura.
• Manifestó que los hechos deben ser del conocimiento de la Auditoría Superior de la Federación para que promueva las responsabilidades y denuncias correspondientes.

 

El senador del Grupo Parlamentario del PRD, Fernando Enrique Mayans Canabal, propuso exhortar a la Auditoría Superior de la Federación para que compruebe el ejercicio y la aplicación debida de los recursos comprendidos en el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) y en el Programa de Empleo Temporal (PET), de los ejercicios fiscales 2015 y 2016, ejercidos por el Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) de Tabasco.

 

El punto de acuerdo también solicita que los resultados de las auditorías se hagan del conocimiento de la Cámara de Diputados y del Senado. En dado caso, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) promoverá las responsabilidades que procedan ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público.

 

El legislador refirió que se realizó el otorgamiento indebido de múltiples contratos desde el año 2014, para la realización de obras de infraestructura, y con recursos presupuestales provenientes del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), cuyo importe fue mayor a los dos mil millones de pesos.

 

Indicó que otro hecho es la falsificación de firmas y sellos de la autoridad municipal, para desviar o hacer mal uso de los recursos del Programa de Empleo Temporal (PET), en virtud de que a través de estas maquinaciones la Subdirección de Obras y la Residencia General de Carreteras Alimentadoras del Centro SCT Tabasco, supuestamente han justificado el pago de jornales que nunca fueron realizados.

 

Estos hechos que se describen y que se vienen presentando “impunemente” desde 2014, en las áreas administrativas del Centro SCT Tabasco, indudablemente tienen que ser del conocimiento de la ASF a fin de que en el ámbito de su esfera competencial de fiscalización, pueda fincar o deslindar las responsabilidades que correspondan.

 

El documento se envió a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana.

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