Número-021

• La modificación constitucional a los artículos 3 y 73, impulsa la privatización de la educación y no garantiza su carácter público, obligatorio, laico y gratuito, exponen.
• La reforma educativa tiene finalidades laborales, administrativas y punitivas en contra del gremio magisterial, señaló el senador Manuel Bartlett Díaz.        

 

El senador Manuel Bartlett Díaz, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó una iniciativa que propone la abrogación de la reforma educativa y sus leyes secundarias, porque vulnera el Estado de Derecho y no garantiza el carácter público, obligatorio, laico y gratuito de la educación, dijo.

Durante la sesión de la Cámara de Senadores, enfatizó que esta reforma no garantiza la educación superior, impulsa el proceso de privatización, ya avanzado; y refirió que 46 por ciento de la educación superior en México es manejado por empresas privadas o consorcios trasnacionales.

“La reforma es un disparate jurídico que contradice los artículos 1º y 2º de la Constitución; promueve la privatización educativa. En absoluto desconocimiento de la educación mexicana, y de la práctica docente nacional, han entregado la formación de los maestros al Tec de Monterrey”, señaló.

Subrayó que la reforma alteró los sentidos nacionalista, patriótico, democrático, humanista y crítico de la educación en México, al incorporar el principio un corte empresarial a la calidad educativa, lo que significa ponerlo a disposición del proceso productivo del capitalismo global.

Señaló que la reforma educativa tiene finalidades laborales, administrativas y punitivas en contra del gremio magisterial, por lo que jurídica, moral y políticamente debe ser abrogada. Argumentó: lesiona la obligación del Estado para garantizar la educación, no respeta los derechos laborales del magisterio, y es contraria a las necesidades de la educación en el país.

La iniciativa señala que la reforma educativa, en lugar de retomar la función rectora del Estado para garantizar la calidad de la educación, optó por crear, a instancias de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación que, dijo, hará más de lo mismo.

Es decir, realizará y aplicará pruebas y concursos de oposición, pero no promoverá la generación de mejores docentes, estudiantes o mejor sistema educativo; ni se incidirá en la transformación económica, social y cultural del pueblo a través del sistema educativo nacional.

Cabe recordar que la reforma implicó la modificación de los artículos 3 y 73 de la Constitución, posteriormente se reformó la Ley General de Educación y se expidieron dos nuevas leyes: la del Servicio Profesional Docente y la del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

La iniciativa –que también suscriben los senadores Ana Gabriela Guevara Espinoza, Layda Sansores San Román, Carlos Manuel Merino Campos y David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del PT– fue turnada a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Educación y Estudios Legislativos Segunda.

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