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En la iniciativa, que presentó el senador Rubén Camarillo Ortega, se plantea que el Consejo de Administración de la empresa determine la aprobación de programas y proyectos de inversión de acuerdo a las necesidades y conveniencia de éstos.
Además, propone una enmienda para precisar que la función de este órgano de gobierno en materia de contratos se circunscriba sólo a la aprobación de los principales términos y condiciones técnicas, económicas, ambientales y sociales de dichos instrumentos jurídicos y excluir los clausulados y modelos de contrato específicos.
En materia de deuda, los senadores panistas sugirieron eliminar el requerimiento por el que la Secretaria de Hacienda y Crédito Público debe aprobar lineamientos respecto a las características del endeudamiento de Petróleos Mexicanos, “toda vez que la entidad paraestatal está obligada a contratar su deuda en las mejores condiciones posibles”.
También consideraron pertinente dar mayor flexibilidad para que Pemex y sus organismos subsidiarios cumplan sólo con los procedimientos y aprobaciones regulados en la Ley de Petróleos Mexicanos y en la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo.
Ello, con la finalidad de que sus proyectos se integren a la cartera de inversión a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Adicionalmente, se deroga el requisito de que los proyectos de gran magnitud y alta prioridad cuenten con el dictamen costo y beneficio de un tercero experto independiente.
Respecto a la operación del Consejo la propuesta modifica el Artículo 16 de la Ley con el propósito de facilitar los procesos mediante los cuales atiende la resolución de los temas estratégicos que le corresponden.
En este sentido, se reduce a mayoría simple el número de consejeros que deben estar presentes para una sesión del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos y se establece como causal de remoción de los consejeros abandonar una sesión sin causa justificada.
Del mismo modo, expone que la reforma de 2008 estableció que el Consejo debe decidir sus asuntos por mayoría de votos, pero que en caso de que la mayoría no cuente con el respaldo de por lo menos dos consejeros profesionales, se tendría un plazo de 20 días para que los consejeros que se opongan emitan su voto razonado.
Sin embargo, en la práctica estos requerimientos resultan rígidos y pueden retrasar la toma de decisiones relevantes, por lo que se propone cambiar el Artículo 15 para eliminarlos, “sin que por ello se restrinja la potestad de los consejeros, de cualquier naturaleza, a emitir un voto razonado cuando lo estimen necesario”.
La iniciativa, que también reforma la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, es suscrita por los senadores Juan Bueno Torio, Fernando Elizondo Barragán, Jorge Andrés Ocejo Moreno, Augusto César Leal Angulo y José Antonio Badía San Martín, de Acción Nacional.
El documento se turnó a las comisiones de Energía y de Estudios Legislativos para su análisis y dictamen correspondiente.
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