Número-505

• Miguel Barbosa Huerta y Angélica de la Peña Gómez piden aprobación de ley para prevenir y sancionar la tortura.
• Esta práctica contra las mujeres en México concentra datos “escalofriantes”: Amnistía Internacional.

 

El presidente del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República (IBD), senador Miguel Barbosa Huerta, reconoció que en México sí existe una crisis en materia de derechos humanos y que en este contexto “no ha sido fácil” el trabajo para aprobar una legislación que impida la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes.

 

Dijo que la labor del Poder Legislativo en este tema “ha sido motivo de muchos obstáculos, de muchas presiones de las instituciones del Estado que permanentemente se ven involucradas en este tipo de comportamientos”.

 

En el foro “La tortura en México”, el coordinador del Grupo Parlamentario del PRD enfatizó que el combate al crimen organizado –que desde luego también tiene que desarrollarse desde la visión de la estrategia y la fuerza policial– “no debe de verse como la guerra de exterminio”.

 

Barbosa Huerta consideró que en otro país una conclusión como la de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) –en la que se señaló que 24 personas fueron ejecutadas y una más incinerada en Tanhuato, Michoacán– “hubiera sido de un enorme impacto”, pero, incluso, se minimizó la información y se cuestionó el papel de la CNDH en el caso.

 

Por ello, asentó, son fundamentales “leyes más precisas”, que estén al mismo nivel de las que existen en otros países, para poder aspirar “a la buena marcha de todas las fuerzas del orden y al respeto irrestricto de los derechos humanos”.

 

El legislador hizo un llamado a los mexicanos para no rendirse y construir una mejor sociedad, donde la autoridad respete cada vez más los derechos humanos.

 

La Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Senado, Angélica de la Peña Gómez, dijo que es necesario que el Congreso garantice en el Presupuesto de Egresos de la Federación, la instrumentación efectiva de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura, “para que cuando entre en vigor, las autoridades cumplan cada uno de sus preceptos”.

 

Manifestó que la ley reglamentaria que se encuentra actualmente en la Cámara de Diputados tiene una trascendencia importante, ya que atiende las distintas recomendaciones de los organismos internacionales que le han hecho al estado mexicano.

 

“Necesitamos una ley con perspectiva de género, que finque responsabilidades frente a la comisión de este tipo de delitos”, concluyó la senadora.

 

Gerardo Esquivel, coordinador ejecutivo de Investigación del IBD, mencionó que el número de casos de desaparición forzada en México “tiene niveles similares a países que han experimentado guerra civil y violencia política como Siria y Pakistán”.

 

Agregó que el Relator Especial sobre la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes resume que “la tortura se utiliza desde la detención y hasta la puesta a disposición de la persona detenida ante la autoridad judicial con motivo de castigar y extraer confesiones e información incriminatoria”.

 

Además, “la mayoría de las víctimas son detenidas por su presunta relación con la delincuencia organizada; la violencia sexual se usa como forma de tortura, principalmente respecto a mujeres detenidas; y el derecho a la reparación integral para las víctimas de tortura y malos tratos es ilusorio”.

 

En representación de Amnistía Internacional, Madeleine Penman, advirtió que la tortura contra las mujeres en México concentra datos “escalofriantes”, por lo que es urgente implementar un instrumento que castigue este delito y genere mecanismos que acaben con la impunidad.

 

“La cultura de impunidad y encubrimiento en este tema es bastante preocupante, por ello es fundamental legislar en este sentido”, argumentó.

 

Al presentar el informe “Sobrevivir a la muerte. Tortura de mujeres por policías y Fuerzas Armadas en México”, dijo que este documento fue elaborado en testimonios de 100 mujeres recluidas en cárceles federales y que son acusadas de delitos como delincuencia organizada y secuestro.

 

En este sentido, se observó que 97 de ellas dijeron que sufrieron violencia física durante su detención; 72 manifestaron haber sido sujetas a violencia sexual y 33 aseguran haber sido violadas.

 

Asimismo, indicó que se solicitó información al Ejército sobre el número de elementos que fueron dados de baja entre 2010 y 2015, para lo cual la Secretaría de la Defensa Nacional reportó cero soldados suspendidos por abuso sexual o violación.

 

Mientras, la Marina, durante ese mismo periodo, reportó que solamente cuatro marinos habían sido suspendidos y uno de manera temporal.

 

Destacó que, en los años 2014 y 2015, la Procuraduría General de la República (PGR) no pudo presentar ni una sola consignación para el delito de tortura. “A pesar de tener más de dos mil 400 denuncias sobre este delito, las únicas consignaciones a nivel federal en materia de tortura son de este año”.

 

Nos preocupa el tema de la tolerancia de estos asuntos y actos, ya que resulta alarmante que los perpetradores no son llevados ante la justicia, puntualizó.

 

Stephanie Erin Brewer, del Centro de derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, expresó que la tortura es una práctica sistemática, ejercida con el fin de generar o fabricar pruebas. “Ese diagnóstico se fortalece con el informe del relator de Naciones Unidas en la materia”.

 

Destacó que en dicho diagnóstico se afirma que este delito es una práctica generalizada y ejercida en todos los niveles y fuerzas de seguridad.

 

Por otro lado, dijo que es fundamental poner mayor atención en las revisiones realizadas por médicos legistas, ya que estas no son adecuadas y no están diseñadas para detectar la tortura.

 

José Mosqueda, secretario de Estudio y Cuenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, destacó que la tortura es una grave violación a los derechos humanos y esto significa que las autoridades no sólo van a investigarla como delito y darle vista al Ministerio Público, sino que cualquier persona que tenga noticia de un caso puede denunciarla.

 

También señaló que la tortura “no es un mecanismo de investigación válido, la prohibición es absoluta y no admite ninguna excepción para que pueda limitar el derecho a la integridad personal”, sin embargo, asentó, la fuente de impunidad se encuentra “la mala integración de una investigación”.

 

Jorge Ordoñez, secretario de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, refirió que “el Comité de la ONU dijo que hay una práctica sistemática de tortura y que los casos no son fortuitos ni se han producido en un solo lugar o momento, sino que están en una buena parte del territorio, y eso nos tendría que prenden las alertas y los focos rojos, pero no nada más a las instituciones”.