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En el resolutivo también se pide a la Sagarpa información sobre el estado que guarda la producción nacional de alimentos y las previsiones para encarar el aumento de las importaciones, principalmente de maíz.
Además, de aprobarse el dictamen por el pleno senatorial, la dependencia deberá dar cuenta de los apoyos que se han otorgado a los productores que perdieron sus cosechas y ganado el año pasado.
Los legisladores de la Comisión de Agricultura destacaron que en el 2011 se vivió “la peor sequía de los últimos 70 años”, pues la falta de lluvias afectó con severidad a 19 estados y a cerca de dos millones de hectáreas.
La escasez de lluvias, las heladas inesperadas y las inundaciones, resaltaron, pusieron en peligro la producción de granos básicos: maíz, frijol, sorgo, cebada, trigo y a la producción ganadera.
Expusieron que actualmente casi la mitad de los alimentos que consumimos son de importación y esto representa un gasto aproximado de 20 mil millones de dólares al año.
En este sentido, se estima que en 10 o 15 años los precios de los granos vayan a la alza, ya que la producción o reserva alimentaria de los países va a ser menor y, por los efectos del cambio climático, sería difícil la siembra.
Se reunirán senadores con funcionarios del sector rural
La Comisión, que preside el senador Alberto Cárdenas Jiménez, también acordó invitar a una reunión de trabajo a los titulares de los Fideicomisos Instituidos en Relación a la Agricultura (FIRA), Financiera Rural y del Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural (FOCIR) para que presenten los resultados de la colocación crediticia en el sector agropecuario.
Rodrigo Sánchez Mújica, Gustavo Adolfo Merino Juárez y Francisco Javier Delgado Mendoza deberán explicar en el encuentro cuáles son los montos crediticios en los diversos proyectos productivos y el grado de recuperación de la cartera vencida en los años 2011 y 2012.
Según datos de la Financiera Rural y del Banco de México, se expone en el dictamen, en los últimos 8 años se han colocado alrededor de 250 mil millones de pesos en créditos otorgados a agricultores y productores pecuarios.
“Sin embargo, a la fecha no existen indicadores precisos sobre el comportamiento crediticio al campo, ni las condiciones de acceso al crédito, así como los montos de cartera vencida”.
Los senadores destacaron que en 1995 la banca comercial financiaba el 72.3 por ciento del crédito agropecuario, mientras que la de desarrollo participaba con el 27.6 por ciento, pero en 2009, la participación de la iniciativa privada ascendió al 98 por ciento, mientras que la de la banca de desarrollo fue apenas de un 2.1 por ciento.
Insistirán senadores en padrón confiable de abastecedores de caña
En la misma reunión de trabajo, los integrantes de este órgano legislativo acordaron insistir ante la Cámara de Diputados en reformar la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar con la finalidad de contar con un padrón de abastecedores del producto confiable.
El pasado 13 de abril el pleno senatorial modificó la Ley para establecer la obligación de que las organizaciones locales de abastecedores de caña acrediten que su padrón esté debidamente integrado por el ingenio correspondiente.
Platearon que las solicitudes de afiliación o renuncia deberán presentarse ante el Registro Agropecuario a más tardar el 31 de agosto, previo al inicio del ciclo azucarero.
Si alguna organización local no cumpliera a tiempo con dicho requerimiento, precisa el dictamen del Senado, el Registro informará a la Secretaría para que ésta promueva una multa.
Sin embargo, las modificaciones propuestas fueron devueltas por la Cámara de Diputados el pasado 11 de octubre, por lo que la Comisión de Agricultura y Ganadería del Senado insistirá en la aprobación del dictamen en sus términos.
En otro tema, se validó un punto de acuerdo para que los titulares de las secretarías del Trabajo y Previsión Social y de Desarrollo Social remitan un informe pormenorizado sobre las acciones gubernamentales para atender y proteger a los jornaleros agrícolas.
Además, se respaldó un exhorto al Ejecutivo federal con el propósito de que las secretarías de Agricultura, Medio Ambiente y Energía implementen medidas que permitan la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático en la industria vitivinícola.
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