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Argumentó que desde los inicios de las revueltas, en marzo de 2011, el conflicto político social en aquel país ha provocado la muerte de siete mil personas.
Señaló que a finales de abril de ese año, el presidente Bashar Al Asad ordenó reprimir las manifestaciones con artillería pesada como tanques militares, morteros, cohetes y helicópteros y “esta medida se sigue aplicando contra la población”.
Derivado de la represión del gobierno, dijo, en mayo de 2011 los ministros europeos de Asuntos Exteriores decidieron congelar los bienes y vetar la entrada de Asad a naciones del viejo continente, pero “los actos violentos y las muertes de civiles y militares han seguido creciendo”.
De hecho, enfatizó la legisladora perredista, la organización Human Rights Watch acusó al régimen sirio de "crímenes contra la humanidad" desde principios de noviembre del año pasado.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU condenó la represión sobre la población civil y pidió el fin inmediato de la violencia.
Sin embargo, asentó, a pesar de esto y de las reprimendas internacionales generales, la administración siria mantiene las hostilidades contra manifestantes.
Además, el gobierno de Al-Assad no permite la entrada de observadores, medios de comunicación ni ayuda humanitaria o servicios médicos.
En este contexto, Corichi García pidió que la Cancillería mexicana persuada al gobierno de Siria a que se apegue a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como a los diversos convenios y tratados internacionales en defensa de los derechos políticos y sociales de los ciudadanos.
En el punto de acuerdo, que se remitió a la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico, la senadora también solicitó que la SRE exhorte al gobierno de esa nación para que permita el acceso integral de ayuda humanitaria y fije una postura ante la ONU para poner fin a los actos violentos y armados.
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