La Tercera Comisión, que preside la senadora Mariana Gómez del Campo, aprobó un dictamen para solicitar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y a la Procuraduría General de la República (PGR) un informe sobre las investigaciones que ha realizado sobre los mexicanos involucrados en el caso conocido como “Panama Papers”.
Número-430
- Las indagatorias tendrán que darse a conocer, no puede haber lugar a especulaciones ni a suspicacias, señalan legisladores.
- 65 compañías mexicanas y 47 beneficiarios relacionados con el caso.
La Tercera Comisión, que preside la senadora Mariana Gómez del Campo, aprobó un dictamen para solicitar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y a la Procuraduría General de la República (PGR) un informe sobre las investigaciones que ha realizado sobre los mexicanos involucrados en el caso conocido como “Panama Papers”.
En el punto de acuerdo se explica que el pasado 2 de abril documentos pertenecientes al estudio de abogados panameño Mossack Fonseca, un importante generador de sociedades offshore a nivel mundial, fueron difundidos mundialmente bajo el nombre de “Panama Papers” y que implican a decenas de políticos de alto rango, deportistas y personalidades mundiales, entre ellos a varios mexicanos.
Se señala que algunos de los medios que difundieron esta información indicaron que usar estructuras offshore es completamente legal y hay muchas razones legítimas para hacerlo, especialmente en países con muchas restricciones cambiarias; no obstante, varios de los involucrados están implicados en actividades ilegales, que pueden ir desde tener activos sin declarar o lavado de dinero.
Aunado a ello, se agrega, este tipo de organizaciones pueden servir de pantalla para hacer transferencias de dinero, abrir cuentas bancarias en el exterior y hacer operaciones sin pagar impuestos.
Senadores y diputados coincidieron en que es responsabilidad del gobierno mexicano, por medio del SAT y la PGR, investigar a los connacionales implicados en el “Panama Papers”, pues, “sin duda, se les tiene que llamar para que rindan cuentas”.
De acuerdo con la información filtrada, hay por lo menos 65 compañías mexicanas y 47 beneficiarios relacionados con el caso. En tanto, las autoridades han realizado las investigaciones pertinentes para indagar a las personas y empresas de origen mexicano que se encuentran involucradas.
“Estamos convencidos que los implicados mexicanos tendrán que aclarar el origen y fundamento de los recursos que han invertido en las sociedades offshore de Panamá. Las investigaciones realizadas por las autoridades tendrán que darse a conocer a la sociedad, ya que no puede haber lugar a las especulaciones y a las suspicacias”, subrayaron.
En otro tema, los legisladores respaldaron un dictamen para que la Comisión Permanente solicite a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) que realice exámenes de control de confianza al personal que labora en los verificentros de la Megalópolis, a fin de eliminar la corrupción que impera en este tipo de establecimientos.
Se destaca la importancia de que personal que labora en los verificentros acredite exámenes de control de confianza, pues con ello se puede combatir prácticas de corrupción.
Los legisladores consideraron que la PROFEPA debe implementar un programa de control de confianza para el personal que realiza actividades de verificación, además de crear un padrón de personas que puedan ser contratadas por los concesionarios que prestan este servicio y contar con personal calificado y honesto servirá no únicamente para prevenir actos de cohecho, sino para garantizar el derecho humano a un medio ambiente y a la salud, se puntualiza en el documento.
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