Número-427

• Ésta no debe verse únicamente en la competencia electoral, ya que también se da en el ejercicio del cargo público: Gil Zuarth.  
• El objetivo es tener un marco jurídico adecuado, un traje a la medida de la problemática que presentan las mujeres en el tema de participación política electoral.
• La violencia de género no tiene rasgo partidista, ni rasgo geográfico. Se da en contra de militantes de todos los partidos políticos y en todos los espacios del país: Santiago Nieto.

 

La violencia política se asoma como la gran amenaza del avance paritario en el país, a través del acoso se intenta pervertir la conquista histórica institucional de las mujeres para que tengan las mismas condiciones de participación política, señaló el presidente del Senado de la República, Roberto Gil Zuarth, al inaugurar la “Mesa de Trabajo Legislativa sobre Violencia Política”.  

 

El senador afirmó que “la regla constitucional de paridad tiene en la violencia política su mayor amenaza, es la forma de burlarla, es la forma de acosarla y de hacerla inaplicable” por lo que no debe verse únicamente en la competencia electoral, ya que también se da en el ejercicio del cargo público, dijo y se refirió el caso de una magistrada de un tribunal electoral que ha sido acosada en el desempeño de su responsabilidad, y del cual la Mesa Directiva analiza el procedimiento que seguirá, dado que no hay mecanismos de solución para estos casos.

 

Refirió que el tipo penal que se habrá de definir para castigar la violencia política, debe quedar clarificada de no ser así un mal tipo penal puede generar muchos más problemas de los que intenta resolver. La igualdad de género es el respeto a los derechos fundamentales de las mujeres, “no es una concesión graciosa”, es aplicar lo que les otorgan los ordenamientos y las instituciones.

 

Gil Zuarth aseguró que el desafío del Congreso de la Unión “es construir un muy buen tipo penal se pueda generar un efecto disuasivo y justicia restaurativa” y confió en que la mesa de trabajo logre una solución técnica al problema de violencia política hacia las mujeres porque es un asunto que “tiene remedio, a un dolor que es evitable y a una situación que toda sociedad debe rechazar con contundencia”. 

Y dijo a los asistentes: “los y las animo a que continúen en esta tarea. Que asumamos un compromiso pleno por la igualdad, porque en la medida en la que una sociedad sea más igual, será más libre; y la igualdad de las mujeres no es otra cosa que el reconocimiento de su libertad, el reconocimiento de su dignidad y la garantía de su propia autonomía para definir y alcanzar su propio plan de vida”.

 

 

La presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, senadora Diva Gastélum Bajo, indicó que la mesa de trabajo busca contar con un marco jurídico adecuado para no estar buscando analogías para poder aplicar la ley, sino que “que sea un traje a la medida de la problemática que presenta las mujeres en el país”.

 

Por su parte, el subsecretario de enlace legislativo de la Secretaría de Gobernación, Felipe Solís Acero, afirmó que la participación política de las mujeres no tiene camino de regreso “ha llegado para quedarse”, por lo que se requiere garantizar las condiciones para que se desarrollen bajo el respeto absoluto a su derecho de participación.

 

Para ello, dijo, el Estado está comprometido en asegurar el cumplimiento de que la actividad política de las mujeres se desarrolle con el respeto de la sociedad y el amparo de la ley.

 

Lorena Cruz Sánchez, presidenta del Instituto Nacional de la Mujeres (Inmujeres), aseguró que la violencia política por razones de género es una problemática que obstaculiza el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres, y con ello su avance hacia la igualdad. “Eliminarla es urgente si queremos lograr la paridad”.

 

Dijo que en las elecciones de junio pasado, se registraron casos de descalificaciones, misoginia, humillaciones públicas, golpes, secuestros, amenazas, e incluso asesinatos; a las mujeres indígenas no se les permite participar alegando usos y costumbres.

 

A su vez, Alfonso Pérez Daza, presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, comentó que la paridad de género en materia política sólo será posible a través del esfuerzo coordinado entre los órganos encargados de crear las leyes y los que las aplican e interpretan. 

 

“Aún tenemos un largo trecho por delante para derribar las barreras que impiden el ejercicio real de los derechos políticos de las mujeres”, sostuvo. 

 

El presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Constancio Carrasco Daza, sostuvo que el reto más grande del Estado es desterrar la violencia política hacia las mujeres, a través de una visión igualitaria y enfocada a consolidar la paridad. 

 "Las instituciones del Estado debemos diseñar políticas públicas que trasciendan el ámbito normativo, que no se restrinjan al diseño del orden jurídico o a la interpretación judicial", resaltó. 

 

Santiago Nieto Castillo, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la PGR, indicó que a partir del año 2016 se encontraron 103 casos documentados ante la fiscalía, por violencia política o género.

 

La violencia de género no tiene rasgo partidista, ni rasgo geográfico. Se da en contra de militantes de todos los partidos políticos y en todos los espacios del territorio nacional; no obstante en los estados de la zona sur y sureste se encuentra una mayor presencia de incidencia delictiva en materia penal y electoral por casos de violencia política de género, detalló.

 

También participaron las senadoras Yolanda de la Torre Valdés, Lucero Saldaña Pérez, Itzel Ríos de la Mora; del Grupo Parlamentario del  PRI; y las diputadas Maricela Contreras Julián, del PRD; Kathia Bolio Pinelo, del PAN; y Erika Rodríguez Hernández, del PRI.   

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