Número-422

• El objetivo del dictamen es establecer mayores mecanismos de investigación que coadyuven a combatir la violación de derechos político-electorales.
• A través de esta medida se pretende garantizar la legalidad y transparencia en las elecciones federales, así como supervisar los recursos de los programas federales.

 

Ante la compleja incidencia que representan los delitos de carácter político-electoral en los estados del país, la Comisión Permanente, solicitó a la Procuraduría General de la República y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, que implemente acciones que permitan que todas las entidades federativas cuenten con una fiscalía especializada.

 

El objetivo del dictamen es establecer mecanismos de investigación que coadyuven a combatir la violación de derechos político-electorales.

 

Destaca que hasta junio de 2016, sólo los estados de Aguascalientes, Coahuila, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, cuentan con fiscalías especializadas.

 

Por ello, es importante garantizar la legalidad y transparencia en las elecciones federales y supervisar que los recursos públicos de los programas federales no sean utilizados con fines políticos.

 

La FEPADE, es la autoridad encargada de atender en forma institucional, especializada y profesional, lo relativo a estos delitos y por tal motivo debe contar con unidades administrativas en toda la república, que investiguen y persigan este tipo de delitos.

 

El documento manifiesta que se debe tener presente que el combate a la impunidad y la corrupción es una tarea que compete a todas y a todos, por lo cual es necesario velar por el derecho de la ciudadanía de expresar con toda libertad su voluntad electoral y que la procuración de justicia ejerza con prudencia, serenidad y energía sus facultades.

 

Sí queremos dar pasos firmes para robustecer nuestras instituciones democráticas y nuestro Estado de derecho, todas las autoridades deben asumir de manera plena la responsabilidad que la ley confiere y que a los órganos de procuración e impartición de justicia les corresponden, a fin de crear una atmosfera de seguridad jurídica, puntualiza.